La delegada de Sánchez en la Comunidad Valenciana se ríe del crimen del canónigo: «Lo veremos en Netflix»

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha hablado en una rueda de prensa sobre la investigación del asesinato del canónigo de la Catedral de Valencia. La dirigente socialista ha pedido dejar que «la investigación siga su curso» y ha frivolizado con el crimen señalando que «lo próximo lo veremos en Netflix».

Bernabé ha hablado sobre el asesinato del canónigo, que fue hallado muerto con signos de violencia en su vivienda en la capital del Turia el pasado 23 de enero. Desde entonces, varias informaciones publicadas han señalado que el religioso captaba a jóvenes vulnerables en la calle para mantener relaciones a cambio de dinero y que antes del crimen, las había mantenido con un hombre con discapacidad.

Al ser preguntada por estos datos sobre el canónigo, la delegada del Gobierno de Sánchez en la Comunidad Valenciana, ha pedido «dejar que la investigación siga su curso» para añadir después: «Lo próximo igual ya lo vemos en Netflix». La dirigente socialista ha bromeado así con la posibilidad de que la historia del crimen acabe en una película o una serie en la plataforma.

Tras esto, Bernabé ha hecho hincapié en que los investigadores, tanto policiales como judiciales, deben seguir su trabajo, y que des de la Delegación de Gobierno y la Policía Nacional no tienen más información que ofrecer al respecto.

Crimen del canónigo de Valencia

La semana pasada fue detenido un hombre por su presunta relación con la muerte del canónigo de Valencia. De acuerdo con informaciones publicadas, el arrestado sería uno de los jóvenes vulnerables que el sacerdote presuntamente captaba en la calle para mantener relaciones a cambio de dinero.

El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Valencia, en funciones de guardia de incidencias, decretó el pasado fin de semana el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido, que queda investigado en una causa abierta, inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación, por un delito de homicidio y otro de estafa.

Tras esta decisión, el juez de guardia acordó inhibirse de las diligencias en favor del Juzgado de Instrucción 19, que será el competente para continuar la investigación. La Fiscalía y la entonces acusación popular, ejercida por el Arzobispado, habían solicitado la prisión provisional para el arrestado debido a la gravedad de los hechos, las pruebas que obran en las actuaciones y el riesgo de fuga dada su situación irregular.

Este pasado miércoles, el Arzobispado de Valencia emitió un comunicado para informar que «apercibió» hace dos años al canónigo emérito después de que los vecinos de su mismo edificio, propiedad de la Archidiócesis, presentaran «quejas verbales» acerca de las personas que acudían al mismo, pero precisaba que esas protestas «en ningún caso aludieron a hechos de la naturaleza que se narran» en los medios de comunicación -en alusión al comportamiento del religioso- y que desde entonces «jamás se volvió a recibir ningún tipo de queja».

También manifestó su confianza «plena» en la acción de la justicia y que son «los más interesados en el pronto esclarecimiento de los hechos». Sobre el procedimiento judicial, el Arzobispado explicó que planteó personarse en la causa como acusación particular y que el juzgado instructor lo rechazó al entender que la personación corresponde «únicamente a la familia directa», motivo por el cual finalmente desistió de su intención.

Otras polémicas de Bernabé

Pilar Bernabé, a la que Sánchez hizo delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana en octubre de 2022, protagonizó una polémica en plena pandemia de coronavirus al colarse en la vacunación de su madre.

Como publicó OKDIARIO, en plena crisis del COVID-19, Pilar Bernabé acudió con su madre a un centro de vacunación y se dejó fotografiar sin los preceptivos Equipos de Protección Individual (EPI) y sin guardar la distancia de seguridad.

Aquello provocó la denuncia del Partido Popular y de su síndica en las Cortes Valencianas, María José Catalá, para quien se habían incumplido las normas expresas de la Generalitat de Ximo Puig, que prohibían el acceso de cargos públicos a esas instalaciones.