El juez Aguirre abre investigación a Puigdemont, Mas y otros 9 cargos por negociar con Putin

El juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, ha abierto una pieza separada para solicitar la imputación del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en relación con la trama rusa del procés. Este viernes, el juez ha firmado un decreto de 56 páginas en el marco del caso Voloh donde también implica un total de 11 personas, incluyendo a Artur Mas.

El magistrado les vincula con delitos de traición y malversación de fondos públicos por sus supuestas conexiones y contactos con agentes y autoridades rusas del Gobierno de Vladímir Putin, especialmente tras la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Además de los dos ex presidentes catalanes citados, la lista incluye al jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, su abogado, Gonzalo Boye, el diputado Francesc de Dalmases, la ex consellera Elsa Artadi y Víctor Terradellas, entonces responsable de relaciones internacionales de Convergència.

El juez intenta esclarecer una conversación en un restaurante en la que se mencionaban «10.000 soldados rusos» dispuestos a ayudar a Cataluña a conseguir la independencia; esta conversación fue grabada y encontrada en el móvil de un ex dirigente de Convergencia. Este indicio se remonta a 2019, cuando se inició la causa, y no se han añadido otros relevantes desde entonces.

Aguirre citó en sus autos a Puigdemont en enero de este año. No había solicitado aún el suplicatorio al Parlamento Europeo a pesar de que entonces era eurodiputado, lo cual era necesario para poder interrogarlo. Ahora, el expresidente es diputado electo del Parlament, lo que significa que está aforado, obligando al juez a dirigirse al Tribunal Supremo, que sí podría investigarlo formalmente.

Escasos días antes de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, la Audiencia de Barcelona, en una resolución del pasado 4 de junio, impidió al juez del caso Voloh, Joaquín Aguirre, seguir investigando las supuestas conexiones del independentismo en Rusia en busca de apoyos para el procés.

Semanas después, y con la amnistía ya en vigor, el magistrado ha abierto una nueva pieza separada, también relativa a las conexiones del independentismo con Rusia en apoyo del procés.

El nuevo proceso judicial unificará todo lo relacionado con la trama rusa del procés. El juez previsiblemente ordenará a la Policía que realice nuevas investigaciones. Estas incluirán la revisión de los móviles intervenidos a algunos imputados y la verificación de si se utilizaron fondos públicos para financiar los viajes a Rusia. También se analizará el informe del Tribunal de Cuentas sobre la legitimidad de los gastos de la oficina del Diplocat en Moscú. Una vez finalizada la instrucción, el juez remitirá el caso de Puigdemont al Tribunal Supremo y el de Dalmases al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por su condición de aforados.

El magistrado arrancó estas diligencias debido a las «objeciones técnico-procesales» planteadas por la Audiencia de Barcelona cuando anuló la prórroga de la investigación del caso Voloh en agosto de 2023, impidiéndole continuar las pesquisas en ese procedimiento.

Descubrió que un enlace de Puigdemont ofreció reconocer Crimea a cambio de apoyo ruso a la independencia de Cataluña. El juez ha encontrado un resquicio legal para incoar el nuevo procedimiento a través del caso Catmon/Igman, que investiga la presunta internacionalización del procés con subvenciones públicas a entidades independentistas, dirigidas por Terradellas y Dalmases, y el apoyo financiero de los gobiernos de Rusia y China a una Cataluña independiente, publica El Periódico.

Aguirre menciona la resolución del Parlamento Europeo para investigar la injerencia rusa en la UE y en Cataluña, debido a los intentos de desestabilización del Kremlin.

El auto del juez relata los indicios y pruebas encontradas, principalmente en los teléfonos móviles de los implicados, sobre la presunta injerencia rusa y los encuentros de Puigdemont, Terradellas y Alay con personalidades rusas cercanas al presidente Putin. Dos de estas reuniones se produjeron días antes de la declaración unilateral de independencia (DUI) de 2017, en la Casa dels Canonges, residencia oficial de los presidentes de la Generalitat.

«Paraíso de criptomonedas»

En estas reuniones participaron Puigdemont, Artadi, Nicolay Sadovnikov (un ex diplomático ruso con misiones del Kremlin), y un supuesto exgeneral ruso, Sergei Motin, quien habría ofrecido «10.000 soldados» para garantizar una Cataluña independiente y 10 millones de euros para crear un «paraíso fiscal en criptomonedas». Este último apareció muerto a los pocos meses.

El juez subraya la implicación directa de Mas y Puigdemont, y el hallazgo de un monedero de criptomonedas presuntamente utilizado para la financiación del procés. También menciona el interés de dirigentes independentistas por contactar con Oleg Syromolotov, ex subdirector del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).

Crimea y Montenegro

El juez sostiene que Cataluña fue objeto de una campaña de confrontación informativa durante el procés, destinada a desestabilizar a España y crear condiciones para una operación más ambiciosa. El caso catalán muestra paralelismos con los conflictos de Crimea y Montenegro, con una campaña de «amenaza híbrida» del Kremlin. Para la política rusa, el procés era una herramienta para avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente.

El magistrado señala que, si el proceso de secesión de Cataluña fracasaba, como ocurrió, la simple existencia del conflicto ya representaba una victoria para Rusia. Si hubiera tenido éxito y Cataluña hubiera obtenido la independencia con apoyo ruso, Rusia habría ganado una herramienta para desestabilizar la UE política y económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas.

Los enviados rusos ofrecieron supuestamente ayuda militar y económica a Puigdemont a cambio de una legislación favorable a las criptomonedas, para evadir los controles de las autoridades monetarias españolas y europeas, y facilitar la malversación de fondos. En esta trama se sitúan los 13 investigados, conectando a Mas con Terradellas, quien buscaba contactos de alto nivel en el gobierno ruso con el conocimiento y anuencia de Mas y Puigdemont.

Los contactos fueron realizados primero por Terradellas y luego por Alay, que actuaban siguiendo una línea de trabajo establecida para obtener apoyo y reconocimiento internacional ruso para un estado catalán independiente.

Terradellas también está vinculado a las criptomonedas, involucrando al empresario Jordi Sardà Bonvehí y a Zeus Borrell Gil en estas operaciones. En una conversación de marzo de 2018 entre Terradellas y Sardà se menciona la transacción de 500 bitcoins, equivalente a unos 3,4 millones de euros, y una prueba en Dubái en la que participó Sardà, Sadovnikov y Borrell. En otra conversación, Terradellas menciona informar a Puigdemont sobre una posible transacción de bitcoins y ofrece un monedero de criptomonedas.