Castellón analiza el auto del juez Aguirre para asumir la causa por traición que vincula el 1-O con Putin

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami Democràtic donde está imputado Carles Puigdemont por terrorismo, analizará el auto dictado por el juez Joaquín Aguirre –adelantado en exclusiva por OKDIARIO– sobre las injerencias de Rusia y la «extrema derecha alemana e italiana» durante el referéndum ilegal del 1-O. La alianza de los separatistas con una potencia extranjera con el fin de atentar contra la seguridad del Estado español supondría la comisión de los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 estudia ahora si imputar este delito a Puigdemont.

Este lunes, el juez Aguirre –instructor del caso Voloh en el que se investigan desvíos de fondos públicos que habrían servido para financiar los gastos de Carles Puigdemont en Waterloo y pagar viajes de independentistas a Moscú– ha subrayado en un auto las injerencias de Rusia en el proceso independentista de Cataluña. Los gruesos indicios de alianza desestabilizadora trabada entre círculos próximos a Putin y el independentismo catalán tiene una gravedad añadida en perspectiva europea. Esa injerencia es una línea infranqueable para las autoridades de Europa, que complica aún más la amnistía diseñada ad hoc por el Gobierno de Pedro Sánchez para sus socios separatistas.

Y es que, según consta acreditado en el sumario, el día antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), Puigdemont tuvo encuentros con intermediarios rusos, entre ellos el empresario Nikolay Sadovnikov, que es una persona muy próxima a Vladímir Putin. Esas reuniones son de especial significado, ya que, según la investigación dirigida por el juez Aguirre, tuvieron lugar en vísperas del día clave marcado por los líderes secesionistas que diseñaron y lanzaron el 1-0: era la jornada en la que pretendían proclamar e instaurar la República Catalana en 2017.

En esta reunión, que consta en el sumario del caso Voloh, los intermediarios rusos se ofrecieron a ayudar a pagar con criptomonedas los 77.740 millones de euros de deuda pública que Cataluña tenía con España. El abono se haría efectivo, según esa promesa, una vez que Cataluña impusiera su independencia. También se han recabado indicios que apuntan a que los emisarios del régimen de Putin prometieron a los independentistas 10.000 soldados rusos para que Cataluña, tras la secesión, contase con una estructura militar transitoria hasta que formara su propio Ejército tras la secesión. A cambio, Cataluña se convertiría en un paraíso fiscal de las criptomonedas.

Ayuda de la extrema derecha

Además, el juez Aguirre señala que los independentistas no sólo se reunieron con los espías rusos. El instructor explica que existe «abundante documentación» con «datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes» entre los independentistas catalanes investigados e «individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana algunos de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos».

El juez recalca las «relaciones con los servicios secretos rusos y otros miembros influyentes de partidos políticos de la extrema derecha alemana o italiana con intereses en establecer relaciones de influencia política y económica con el gobierno de Catalunya, si éste se independizaba de forma unilateral de España».

Delito de traición

Sin embargo, Puigdemont no está imputado en el caso Voloh, pero sí lo está en la causa de Tsunami que se sigue en la Audiencia Nacional. Pero este motivo, ahora el magistrado Manuel García-Castellón analizará el auto de su compañero, el titular del Juzgado número 1 de Barcelona, para determinar si las pruebas a las que hace referencia encajan en el delito de traición.

Este delito castiga al «español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, asociación u organización internacional, se procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional».

También al que «publicare o ejecutare en España cualquier orden, disposición o documento de un Gobierno extranjero que atente contra la independencia o seguridad del Estado, se oponga a la observancia de sus leyes o provoque su incumplimiento».

Asimismo, el artículo 592 del Código Penal, establece que «serán castigados (…) los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras».

Este delito está expresamente excluido de la futura ley de Amnistía. Esa amenaza penal es la que explica que Junts y ERC hayan propuesto una serie de enmiendas entre las que consta abarcar los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa, ya que la injerencia de potencias extranjeras en el 1-O complicaría que Europa diera el visto bueno a la ley.