La mano derecha de Puigdemont recusa al juez que le vincula con los servicios secretos de Rusia

La defensa de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Carles Puigdemont, que es considerado su mano derecha, ha recusado al juez Joaquín Aguirre, instructor del caso Voloh porque considera que existe unas «muestras de falta absoluta de imparcialidad» en el magistrado. En esa causa, se investigan los vínculos entre los servicios secretos de Rusia y los dirigentes independentistas.

En el escrito que ha presentado el abogado del asesor del político fugado a Bélgica, Gonzalo Boye, ha justificado su recusación en la presencia de Aguirre en un programa de televisión alemán en el que explicaba las presuntas reuniones entre el servicio secreto de Putin y los secesionistas, en los que los rusos ofrecían ayuda económica y militar para la independencia de Cataluña a cambio de que, una vez ejecutada, convirtieran ese hipotético Estado independiente en un paraíso fiscal de las criptomonedas.

A ojos del también profesor universitario de la Universidad de Barcelona, su presencia en esa televisión, así como otras declaraciones, da «muestras de falta absoluta de imparcialidad» y exige el derecho a ser juzgado por un magistrado imparcial.

«Alimentar un relato mediático»

Josep Lluis Alay ha tratado de parar a través todos los medios legales los procedimientos en los que se le investiga. El asesor de Carles Puigdemont también recurrió la decisión del juez del caso Tsunami, Manuel García-Castellón, de dilatar seis meses la investigación.

La defensa del profesor universitario alegó que el plazo de instrucción ya había vencido el 29 de julio de 2021 y que no se había prorrogado en el tiempo debido. Además, ha acusado al magistrado de «alimentar un relato mediático» para ocultar esas «nulidades». El abogado de Alay ha defendido que se debe declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del 29 de julio de 2021.

Gonzalo Boye, letrado del asesor de Puigdemont, arguye que se debe archivar la causa «por haberse agotado el plazo de instrucción del 29 de julio de 2021 sin que, hasta entonces, se haya acordado ninguna de las diligencias de investigación ordenadas el pasado 27 de noviembre de 2023». En esa fecha, el juez acordó dirigirse a varios organismos, entre ellos la OTAN, para conocer las incidencias que produjo el bloqueo de El Prat. Aquellos disturbios tienen especial relevancia porque mientras se producían un ciudadano francés murió de un infarto en las instalaciones.

Otro de los argumentos que usa para atacar la decisión del juez García-Castellón es que no se requirió la declaración de ninguno de los hoy investigados antes de esa fecha del 29 de julio de 2021. No llamó «a ninguno de los hoy investigados, concretamente no a mi representado», se quejaba Boye.

Injerencia rusa en Cataluña

Un auto del juez Aguirre argumentaba que existía «abundante documentación» en la que se incluyen «datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes». El documento esgrimía que dirigentes independentistas habían negociado con «individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana algunos de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos».

También consideraba Aguirre que existían «relaciones con los servicios secretos rusos y otros miembros influyentes de partidos políticos de la extrema derecha alemana o italiana con intereses en establecer relaciones de influencia política y económica con el gobierno de Cataluña, si este se independizaba de forma unilateral de España».

Las evidencias en las que basa estas investigaciones es una conversación mantenida entre los ex dirigentes de Convergència Democràtica, Víctor Terradellas y David Mardí. Ambos han puesto el acento en que esas conversaciones nunca fueron tomadas en cuenta por la Generalitat que consideraron «estos ofrecimientos [de Rusia] como una broma de mal gusto y no dio crédito a las ofertas».

Críticas al Fiscal General del Estado

En una publicación en sus redes sociales, Carles Puigdemont ha contestado este miércoles a Álvaro García Ortiz por defender a «los fiscales y la judicatura en la preservación y amparo de los derechos constitucionalmente reconocidos en toda la ciudadanía». Puigdemont ha etiquetado la investigación contra él, como la del caso Voloh como «una causa delirante».

El fiscal general de l’Estat es va prendre ahir la molèstia de respondre’m públicament i sortir en defensa de «los fiscales y la judicatura en la preservación y amparo de los derechos constitucionalmente reconocidos a toda la ciudadanía».

Aquí té un membre d’aquesta judicatura…

— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) January 31, 2024

El que fuera presidente de la Generalitat ha ironizado con que «el fiscal general verá una prueba de la impecable justicia española, que como todo el mundo puede comprobar es de una imparcialidad indiscutible».