El vicealcalde Bonet, sobre el desalojo de la vieja cárcel: «No queremos que nadie muera en un incendio»

El Ayuntamiento de Palma ha defendido este miércoles el inicio del desalojo de los más de 200 okupas ilegales que habitan en la antigua cárcel de la capital balear. En el primer día de control de los accesos del edificio, el Consistorio ha asegurado que la actuación que están llevando a cabo es por una cuestión de seguridad: «No queremos que nadie muera quemado o asfixiado en un incendio».

Así lo ha asegurado el vicealcalde y regidor de Cultura, Deportes y Coordinación Municipal del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, quien ha indicado que «lo único que nos preocupa es que ninguna persona de las que vivan aquí de dentro puedan morir calcinadas después de los incendios de este fin de semana. Nuestra preocupación es máxima y por eso hemos tomado esta decisión».

Además, el dirigente del PP ha explicado que el Ayuntamiento que lidera Jaime Martínez está trabajando para que ninguna de las personas que habita en la antigua instalación tenga pasar una sola noche a la intemperie y ha insistido en la necesidad de la colaboración con otras instituciones, como el Ejército o el Obispado de Mallorca, que tienen instalaciones que pueden poner a disposición de las personas afectadas.

Durante dos días, el Ayuntamiento elabora el censo pertinente para arrancar con las acciones legales. Este censo se elevará el viernes a la Junta de Gobierno, tras la cual se celebrará una Junta de Seguridad con Guardia Civil, Policía Nacional y Delegación del Gobierno para ejecutar las acciones pertinentes y cumplir los plazos legales.

«Tenemos una situación crítica que ha ido degenerando en los últimos años y, por lo tanto, necesitamos una acción conjunta también para resolverlo», ha concluido.

«Hay grupos de gente que han alterado la paz»

Por otro lado, Bonet ha indicado que la causa principal de la degradación de este edificio se sitúa en la pasada legislatura con el ex alcalde socialista José Hila, quien decidió retirar la seguridad privada en el edificio. «Desde ese momento, esto se convirtió en un foco de atracción para muchas personas», ha asegurado.

Por otro lado, el regidor también ha explicado que en los últimos meses llegaron a la antigua prisión «diferentes grupos de gente» que han «alterado la paz» en el inmueble. Tal y como informó OKBALERES, algunos integrantes de la peligrosa banda juvenil El Caserío 24/7 lograron hacerse con el control del abandonado recinto.

Según fuentes conocedoras de la situación, desde hace varios meses miembros del grupo comenzaron a acceder de manera progresiva a las viejas dependencias carcelarias. Con el paso del tiempo, fueron ganando terreno hasta imponer su ley, obligando incluso a algunos de los primeros okupas a abandonar el lugar ante la presión y las amenazas.

La situación llegó a un nuevo nivel de gravedad tras conocerse que la banda habría reformado antiguas celdas para alquilarlas, creando un negocio ilegal con el que financiar sus actividades delictivas. Un auténtico mercado negro instalado en un símbolo del pasado penitenciario de la ciudad.