Sale a concurso la concesión del restaurante ‘Varadero’ de Palma por 134.000 euros al año

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha acordado sacar a concurso la gestión mediante concesión administrativa de dos establecimientos del puerto de Palma destinados al servicio de bar-cafetería-restaurante. Uno de ellos se encuentra al final de la escollera, al inicio de los muelles Comerciales, mientras que el otro se sitúa en el paseo Marítimo, en la desembocadura del torrente de San Magín.

El primero de ellos cuenta con un edificio principal, terraza adyacente y zona ajardinada, con una superficie total de mil metros cuadrados. La duración máxima de la concesión será de seis años, mientras que la tasa anual de ocupación del dominio público portuario es de 134.000 euros. Se trata del conocido restaurante ‘Varadero’.

La iniciativa tiene carácter temporal y servirá para garantizar la continuidad del servicio mientras la APB desarrolla el proyecto de recuperación del histórico paseo de la Riba, que unirá el parque del Mar con el faro de la Riba. Esta actuación está vinculada al plan de reordenación interior del puerto de Palma.

El segundo de los locales que sale a concurso, el que está situado en la desembocadura del torrente de San Magín, cerró durante las obras del Nuevo Paseo Marítimo. El objetivo del concurso es rehabilitar y reactivar este espacio de restauración para que quede integrado plenamente en el paseo, fomentando así la relación puerto-ciudad. Es el restaurante Canblanc.

Se trata de un edificio con terraza con una superficie de más de setecientos metros cuadrados. El plazo de concesión será de un máximo de dieciocho años. En este caso, la empresa adjudicataria deberá asumir las inversiones necesarias para demoler y reconstruir el edificio, adaptándolo al nuevo diseño del paseo Marítimo.

La tasa de ocupación se fija en 31.000 euros anuales, a lo que podrán añadirse mejoras.

Compromiso ambiental

La APB incorpora en ambos concursos una fuerte orientación ambiental y de sostenibilidad, en línea de su estrategia para reducir el impacto ambiental de sus concesiones. Las empresas adjudicatarias deberán presentar planes de eficiencia energética para neutralizar la huella de carbono de su actividad, disponer de certificaciones de calidad, además de adherirse al Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Asimismo, se exige la implantación de medidas de gestión de residuos, uso de energías renovables, auditorías energéticas anuales y formación ambiental del personal, con la obligación de realizar acciones de sensibilización ambiental y colaborar con proyectos de investigación científica de carácter ambiental en la zona.