El rescate del Túnel de Sóller amenaza con arruinar al Consell: la concesionaria exige 11,9 millones más

Globalvía, la empresa concesionaria del túnel de Sóller, cuyo rescate fue anulado por el Tribunal Supremo (TS) en septiembre de 2023, ha reclamado 11,9 millones de euros más que se sumarían a los 16,3 millones que ya fueron abonados. De esta forma, el capricho del pacto de izquierdas que gobernaba en el Consell en 2017 bajo la presidencia de la socialista Cati Cladera, que decidió rescatar la concesión del Túnel de Sóller, puede costar a los ciudadanos de Mallorca un total de 31,5 millones de euros incluidos los intereses.

La sociedad Globavía ha presentado un escrito ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB), que lleva el procedimiento.

En definitiva, si el juzgado estima la propuesta de la concesionaria, que ya cuenta a favor con la declaración de nulidad del rescate, la operación podría llegar a costar a la institución insular unos 31,5 millones de euros, resultado de sumar los 16,3 abonados en 2017 más los 11,9 que ahora se reclaman y los intereses.

El Consell de Mallorca pagó por el rescate en 2017 un total de 16,3 millones en base a un informe externo que evaluaba el precio de la concesión que acababa el 2022.

En septiembre de 2023 el TS declaró nulo el rescate por falta de justificación y por no estar ajustado al interés general. Sin embargo, el alto tribunal no fijó la indemnización definitiva y la resolución de la cantidad pasó al TSJIB.

Este tribunal abrió, a mediados de 2024, diligencia para resolver y fijar la cuantía de la indemnización a pagar por el rescate del túnel cinco años antes de acabar la concesión y meses después pidió a las partes que argumentaran y justificaran los costes del rescate.

En octubre la institución insular presentó su propuesta justificada por los técnicos de intervención y de carreteras y la fijaba en 13 millones, por debajo de los 16 abonados en su momento.

El principal argumento para esta rebaja era que se tenía que descontar la disminución de tráfico que pasó por el túnel durante los años 2020 y 2021 a raíz de la pandemia de Covid-19.

Cabe recordar que el Consell del pacto de izquierdas alegó que el rescate pretendía evitar una discriminación a los usuarios. El Supremo, sin embargo, sentenció que la existencia misma de autopistas de peajes no es discriminatoria, y recordaba que posibilita que las administraciones cuenten con obras públicas sin hacer recaer sobre las arcas públicas el coste de su construcción. Además, incidía en que la concesión se había prorrogado apenas diez años antes del rescate acordado.

«Tampoco se justifican las razones por las que el acuerdo del rescate no podía esperar a la conclusión del plazo de la prórroga», el 30 de junio de 2022.

El PP, que estaba en la oposición en el momento del rescate, criticó duramente desde el principio el acuerdo, que calificó como «la foto más cara de la historia». De hecho, el PP en línea con la sentencia del Supremo ya advirtió que el rescate «no estaba justificado, al acabar la concesión en 2022». Tras conocer la sentencia del Supremo reclamó que la entonces presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, del Consell, Catalina Cladera, y el anterior responsable de esta institución, Miquel Ensenyat, comparecieran para «dar la cara y pedir perdón», exigiéndoles responsabilidades políticas.

Por su parte, Globalvía siempre ha mantenido que la rescisión del contrato del Túnel de Soller fue «temerario» para las arcas públicas baleares, «no sólo por el propio coste del rescate de la infraestructura, sino por su posterior coste de mantenimiento, la subrogación de los trabajadores y las eventuales inversiones que debe realizar en seguridad del túnel dado el esperado aumento de tráfico».

De hecho, el aumento de tráfico ha sido espectacular desde el momento del rescate. Durante la temporada turística el pueblo de Sóller sufre un colapso total de vehículos hasta el punto de que en varias ocasiones ha sido preciso cerrar el túnel.