Varapalo del Supremo al pacto de izquierdas de Baleares: el rescate del túnel de Sóller fue ilegal

Varapalo del Tribunal Supremo al pacto de izquierdas que gobernó Mallorca y Baleares las pasadas dos legislaturas al sentenciar que el rescate del túnel de Sóller acordado por la institución insular en 2017 fue ilegal.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha ratificado una sentencia anterior, de febrero de 2021, y a su vez la dictada en marzo de 2020 por el Juzgado, que estimó la demanda de la concesionaria.

El Consell acordó en 2017 el rescate del contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de la carretera de peaje, variante de la C-711 del túnel que cruza la Serra de Alfabia, con una indemnización de 16,28 millones de euros, a cinco años de su finalización natural.

La concesionaria se opuso, ya que estimaba el precio del rescate en una cantidad mucho mayor, superior a los 30 millones. El rescate conllevó la finalización del peaje, de manera que el túnel pasó a ser gratuito para los usuarios. El Supremo considera que, aunque el Consell tiene la potestad de rescindir unilateralmente un contrato, debe concurrir un interés público debidamente motivado.

En este sentido, la figura del rescate no está pensada «para remediar una situación que ya fue conocida y valorada en el momento del otorgamiento de la concesión», razona el Tribunal, ya que daría a las administraciones la capacidad de rescindir contratos «por un mero cambio de parecer» sin base objetiva.

En este caso, el Consell alegó que el rescate pretendía evitar una discriminación a los usuarios. El Supremo sentencia que la existencia misma de autopistas de peajes no es discriminatoria, y recuerda que posibilita que las administraciones cuenten con obras públicas sin hacer recaer sobre las arcas públicas el coste de su construcción. Además, incide en que la concesión se había prorrogado apenas diez años antes del rescate acordado.

«Tampoco se justifican las razones por las que el acuerdo del rescate no podía esperar a la conclusión del plazo de la prórroga», el 30 de junio de 2022.

Los partidos de la oposición criticaron duramente desde el principio el acuerdo, que calificaron como «la foto más cara de la historia». De hecho, el PP en línea con la sentencia del Supremo ya advirtió que el rescate «no estaba justificado, al acabar la concesión en 2022» y reclamó que la entonces presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, del Consell, Catalina Cladera, y el anterior responsable de esta institución, Miquel Ensenyat, comparecieran para «dar la cara y pedir perdón», exigiéndoles responsabilidades políticas.