Primera campaña del Ayuntamiento de Palma para concienciar de los perjuicios de la venta ambulante ilegal

Primera campaña del Ayuntamiento de Palma para concienciar de los perjuicios de la venta ambulante ilegal en colaboración con la Federación Patronal de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco) y la Asociación de la Pequeña y mediana empresa de Mallorca (Pimeco), con el objetivo de denunciar «los graves efectos económicos» y «la negativa imagen turística» que genera.

La concejala de Economía y Comercio, Lupe Ferrer, en una rueda de prensa en la céntrica Plaza Mayor, ha denunciado que las pérdidas para las empresas son de «miles de euros», lo que provoca «cierres de negocios» y «falta de generación de empleo».

Por ello, el Ayuntamiento pondrá en marcha esta campaña, que cuenta con un presupuesto de entre 25.000 y 30.000 euros, entre el 5 y 15 de agosto en los medios de comunicación y redes sociales. Este método de sensibilización «goteo a goteo» servirá, como ha dicho Ferrer, para «minimizar» los efectos de la venta ilegal, ya que, ha indicado, «erradicarla del todo sería erradicar también la pobreza».

Por su parte, el regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Miguel Busquets, ha indicado que entre julio de 2023 y este año se han realizado 4.168 actuaciones contra esta actividad ilegal, sobre todo en las inmediaciones de la Plaza Mayor, Dalt Murada y Playa de Palma.

Además, ha concretado que la próxima ordenanza cívica contemplará como infracción grave la compra por parte de los clientes con multas que ascenderán a los 750 euros. Por ello, ha dicho que la implicación de residentes y turistas «tiene que ser máxima», debido a que con este tipo de consumo «no se está ayudando a la persona que vende».

También recoge la futura ordenanza multas de 300 euros a las personas que compren a los manteros en caso de ser reincidentes, y la prohibición expresa de «colaborar con los vendedores ambulantes no autorizados en el espacio público con acciones como facilitar el género o vigilar y alertar sobre la presencia de los agentes de la autoridad».

En general la nueva normativa municipal, que aún tiene que ser aprobada por el pleno antes de su entrada en vigor prohíbe, «comprar en el espacio público toda clase de artículos procedentes de la venta ambulante no autorizada», salvo, «cuando esta compra se efectúa en mercados autorizados».

En paralelo, la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, ha resaltado que es importante sensibilizar también a los jóvenes desde las escuelas sobre esta actividad, ya que la venta ilegal supone al año en España unos «200 millones de euros de pérdidas», aunque no ha concretado datos de Baleares o de la ciudad.

Así, ha recalcado que la proliferación y popularización de comercios ilegales en la globosfera «no es de risa», por lo que ha subrayado que «no se puede permitir que en las redes sociales se haga este tipo de publicidad». En cuanto a Mallorca, ha subrayado que es «la isla del libre albedrío» y que «ha habido un aumento brutal de la venta ilegal, que llega por todas partes».

Por tal motivo, ha pedido «más control» a la Delegación del Gobierno en Baleares para la entrada de mercancías, lamentando que los comercios se sienten «desamparados» al no tomarse medidas al respecto. En cuanto a la campaña, ha indicado que «por primera vez» se sienten apoyados, así que esperan que la iniciativa «siga adelante y continúe» para no verse forzados a «seguir cerrando» negocios en Palma.

A diferencia del anterior gobierno municipal encabezado por el alcalde socialista José Hila, que hizo gala de su permisividad con esta actividad, el actual primer edil Jaime Martínez, se comprometió desde el primer día en el cargo a dar la batalla a los manteros, si bien es un fenómeno cuyo crecimiento ha sido exponencial en paralelo al incremento de la inmigración ilegal en Baleares.