Una nueva sentencia del Supremo invalida la enseñanza 100% en catalán que aplica Armengol en Baleares

Una nueva sentencia del Tribunal Supremo ha ratificado la obligación de que el español sea considerado lengua vehicular en la enseñanza. Es una sentencia que invalida los proyectos lingüísticos de dos centros educativos públicos de Cataluña por no tener en cuenta el castellano como vehicular y no aplicar las diversas sentencias que obligan a impartir al menos el 25% de la enseñanza en español. La sentencia del Alto Tribunal tiene relevancia en Baleares donde el español no es lengua vehicular en la enseñanza.

De hecho, según los juristas consultados por este medio, la sentencia del Supremo es de plena aplicación en Baleares dado que los centros públicos practican la inmersión lingüística en catalán y ofrecen todas las asignaturas en esta lengua. En Baleares, además, existe el agravante de que la Ley de Educación aprobada por el Govern del pacto de izquierdas que preside la socialista Francina Armengol establece que sólo el catalán es lengua vehicular de enseñanza en las Islas.

La asociación de profesores Plis considera igualmente que la nueva sentencia del Tribunal Supremo refuerza la jurisprudencia ya existente sobre la obligatoriedad de ofrecer enseñanza en español, al menos el 25% de las horas lectivas.

Ahora el Tribunal Supremo ha ratificado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de anular los proyectos lingüísticos de dos centros educativos públicos de Cataluña, en Barcelona y Abrera, por no ofrecer enseñanza en español. Lo que hace la sentencia es no aceptar el recurso dela Generalitat a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra los dos colegios que no ofrecen enseñanza en español. El TSJC dictó su sentencia a raíz de una denuncia de los padres de alumnos de los dos centros educativos mencionados.

En realidad fueron dos sentencias del TSJC las que en marzo de 2021 anularon los proyectos lingüísticos de estas dos centros educativos por no ser conforme a derecho «en la medida que no contempla el carácter vehicular del español como lengua oficial, junto con el catalán». La sentencia fijó una presencia mínima del castellano del 25%.

Las sentencias reconocían el derecho de los demandantes, padres de alumnos, a que sus hijos menores «recibieran durante su enseñanza obligatoria, junto con sus condiscípulos, en el centro y en el curso que sigan sus estudios, una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular, en proporción razonable».

El TSJC señaló que «el carácter de lengua vehicular del castellano en el modelo educativo catalán deriva directamente de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Dice que «es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares».

Situación en Baleares

La situación de la enseñanza en Baleares es algo diferente a la de Cataluña. La sentencia del Tribunal Supremo va directamente contra la Generalitat que es la institución que controla los proyectos lingüísticos de los colegios e institutos.  En Baleares, la Ley de Educación concede a los directores de los centros de enseñanza la potestad de decidir el proyecto lingüístico y son, por tanto, los responsables de cumplir las directrices marcadas por el Supremo y el Constitucional sobre la obligación de ofrecer enseñanza en español.

En las Islas al  menos un centenar de familias se ha sumado a la iniciativa lanzada por varias entidades constitucionalistas para presentar una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares contra el Govern de Armengol por ofrecer el 100% de la enseñanza en catalán en todos los centros públicos. En la demanda también exigen el cumplimiento de las diversas sentencias del Supremo y el Constitucional que obligan a impartir al menos el 25% de las horas lectivas en español.

La campaña para exigir clases en español la desarrollan conjuntamente Sociedad Civil Balear y la asociación de profesores Plis. Durante el curso escolar estas entidades han ofrecido información a los padres de alumnos en las puertas de los institutos y les han facilitado los trámites para denunciar la inmersión lingüística en catalán.

Hasta ahora la estrategia era presentar el contencioso de forma individual y de hecho ya se han entregado cuatro en el TSJB que se suman a la primera de todas que la presentó la entidad Hablamos Español en nombre de Salvador Iglesias, el padre de una alumna de instituto con dificultades para estudiar sólo en catalán.

Tomeu Berga, presidente de Sociedad Civil Balear, explica que ahora se ha pensado que sería más efectivo presentar una demanda conjunta ante el TSJB. De momento unas cien familias ya han cumplimentado en parte los trámites para suscribir la denuncia y de ellas medio centenar ya han firmado la demanda que se presentará formalmente en septiembre y cuando los interesados, algunos ahora de vacaciones, estampen su rúbrica.