Ni la mitad de las familias de Palma con mayor precariedad logró un piso social en la última década

La falta de vivienda social es un drama para cientos de familias palmesanas vulnerables, que ven cómo el parque de 400 pisos públicos del Ayuntamiento de Palma está todo arrendado y que ni la mitad de los demandantes con un alto grado precariedad económica y social en la última década, cumpliendo todos los requisitos, tuvieron opción alguna de disponer de una solución pública habitacional. 

Con los precios de compraventa disparados en Baleares y los del alquiler también por las nubes, la única opción para estos núcleos familiares de más bajo poder adquisitivo, pasa por una de estas preciadas viviendas sociales.

Pero las posibilidades son más bien escasas de que logren su objetivo. El total de familias que han accedido a una vivienda social del Ayuntamiento de Palma desde 2013 ha sido de 146. Desde ese año, se han recibido 305 propuestas desde los centros municipales de servicios sociales, el Servicio de Acogida Municipal (SAM), del Servicio de Acogida a las Víctimas de Violencia de Género y procedentes de la Oficina Antidesahucios.

Cada una de ellas fue evaluada de modo individual por una comisión técnica que está formada por miembros de los servicios sociales, del área de Igualdad, del Patronato Municipal de la Vivienda y de la Oficina Antidesahucios.

Esta comisión tiene en cuenta las condiciones socioeconómicas de estas personas, que no pueden superar unos ingresos de 13.000 euros anuales. Otro de los factores que se evalúan, es si se trata de casos de insolvencia sobrevenida, de personas que se hayan quedado sin recursos de golpe. A partir, de ahí se analiza si son casos de dependencia, discapacidad o de pensiones insuficientes.  

El año pasado, las familias que accedieron a una vivienda social casi fueron el doble de las de 2020, pasando de nueve a 16 en 2021. Aun así, esta cifra todavía no llega a las 21 de 2019. Cabe recordar que durante la pandemia, se aplicaron medidas para detener muchos desahucios de familias que no tenían ninguna otra alternativa de alojamiento.

El Patronato municipal de la Vivienda de Palma está acondicionando nueve pisos sociales para que puedan vivir familias nuevas. Según explicó la concejala de Modelo de Ciudad y Vivienda Digna, la independentista Neus Truyol, el Consistorio trabaja para adquirir nuevos mediante la venta de solares públicos para construir vivienda social.

“Con este dinero puede comprar viviendas ya construidas”, apunta la concejala. Al impacto económico de la pandemia, sobre todo en el caso de las familias más vulnerables, hay que añadir ahora, que el aumento del IPC todavía está provocando más dificultades para poder materializar el derecho a la vivienda de muchos ciudadanos. A cierre de 2021, el precio del alquiler se incrementó un 3% en Palma por esa causa.