Inseguridad sin freno en la antigua cárcel de Palma: vuelven a reventar una furgoneta frente a un colegio

La madrugada del pasado viernes volvió a escribirse un nuevo capítulo de inseguridad en la zona de la antigua cárcel de Palma. Concretamente en la calle San Vicente de Paúl, frente al colegio de Cas Capiscol. En el número 58 de esta vía, una furgoneta de trabajo amaneció con el cristal completamente destrozado y el interior revuelto.

No era un vehículo cualquiera: era la herramienta con la que una familia se gana la vida cada día. Su propietario, trabajador de la empresa EXCEL, la había dejado aparcada como siempre, confiando en que sería una noche más en el barrio. Pero al amanecer, la imagen era desoladora: cristales esparcidos por el asfalto, puertas forzadas y todo el material profesional desaparecido.

Entre lo sustraído había un taladro de alta gama y diversas herramientas imprescindibles para su jornada laboral. No se trata solo de un robo material, sino de un golpe directo al sustento de una familia. Y lo que más preocupa a los vecinos es que no es la primera vez que ocurre algo similar. Hace un tiempo, en el cercano callejón de Son Busquets, se produjo un robo prácticamente calcado, con el mismo método y el mismo objetivo: vehículos de trabajadores estacionados en la zona.

Según relatan algunos residentes, la misma noche del viernes varias personas merodeaban alrededor de la furgoneta con actitud sospechosa. Un vecino llegó incluso a recriminarles que estuvieran observando el interior del vehículo y les preguntó qué hacían allí. Tras el aviso se marcharon, pero horas después el golpe ya estaba consumado. La sensación que se respira ahora es de impotencia y de absoluta impunidad. Una vez más, los okupas ilegales del antiguo centro penitenciario vuelven a la carga.

Muchos vecinos señalan la antigua cárcel de Palma, okupada desde hace años, como un foco constante de problemas. Aseguran que la presencia continuada de personas instaladas en el recinto ha ido deteriorando la convivencia y aumentando la inseguridad en el entorno. El malestar no se limita a los robos. También se denuncian situaciones incómodas en la parada de autobús situada frente al número 58, especialmente cuando llega el autobús escolar alrededor de las dos de la tarde.

Algunas familias explican que varias adolescentes han recibido comentarios inapropiados al bajar del transporte público, lo que ha incrementado la preocupación entre padres y madres. No se trata de un hecho aislado. Hace unas semanas, en la manifestación organizada por los residentes del barrio éste fue uno de los temas de conversación y protesta.

El ambiente en el barrio es de hartazgo. Hay vecinos que ya no dejan herramientas dentro de los vehículos, otros que miran con desconfianza cualquier movimiento extraño desde sus ventanas y muchos que sienten que sus quejas no obtienen respuesta. «Esto es el pan de cada día», comentan con resignación quienes aseguran que la situación lleva años repitiéndose sin que cambie nada.

Cristales rotos, herramientas desaparecidas y una comunidad que siente que vive en alerta constante. Mientras tanto, la pregunta sigue flotando en el aire entre los residentes de San Vicente de Paúl: hasta cuándo tendrán que soportar esta situación.

La antigua prisión se ha convertido en un epicentro de delincuencia: peleas entre okupas, incendios, robos y consumo de drogas son parte del día a día. En la parte trasera del recinto, colindante con el parque de Cas Capiscol, se pueden encontrar coches abandonados y desguazados, evidencias del caos imperante.

Dentro del recinto, las reformas improvisadas son visibles: suelos embaldosados, puertas metálicas, paredes pintadas y focos alimentados por placas solares. Sin embargo, el acceso a agua potable es imposible desde el interior, obligando a los ocupantes a recurrir a fuentes públicas cercanas.

La vieja prisión se ha transformado en un hotel que mezcla marginalidad y emergencia habitacional, donde residentes e incluso algún turista conviven en condiciones indignas. Mientras, el futuro de la cárcel apunta a un derribo para construir viviendas sociales, el escándalo ya ha puesto a Palma en el ojo de la polémica internacional, con visitantes que terminan pagando por vivir entre ratas, delincuencia y un entorno totalmente insalubre.

Uno de los mayores problemas es la multiculturalidad existente dentro de los muros penitenciarios. Bandas como los 24/7 El Caserío, grupos de ex menas, argelinos, rumanos y marroquíes asociadas a la delincuencia, robos con fuerza e incluso con violencia,  junto con una importante presencia de españoles enganchados a las drogas o a la bebida, generan infinidad de conflictos y enfrentamientos.

El problema de la cárcel vieja de Palma nació cuando, bajo el mandato del alcalde socialista José Hila y el pacto de izquierdas, permitieron la okupación de una instalaciones municipales que con el paso del tiempo y el efecto llamada en la actualidad ya residen de forma ilegal más de 400 personas