El Govern tiene paralizada la nueva residencia de ancianos de Palma prometida hace más de una década

El Govern balear, en concreto, la Conselleria de Asuntos Sociales y el Consell de Mallorca tienen paralizadas y en la estacada las obras de la nueva residencia de ancianos de Palma, prometida hace más de una década.

El centro de Son Martorell iba a ser el primer nuevo geriátrico público en la capital balear desde hace 20 años, cuya construcción los socialistas ya vendieron en la legislatura 2007-2011, con Francesc Antich al frente del Ejecutivo autonómico.

Más allá de anuncios y fotos en cada visita de obras tanto del alcalde socialista de Palma, José Hila, como de la propia presidenta Francina Armengol y de la consellera Fina Santiago (Més per Mallorca), la realidad es que la residencia de 120 plazas que tendría que estar acabada hace año y medio, en concreto en enero de 2022, no tiene fecha para la conclusión de las obras y mucho menos para su apertura.

La primera foto en grupo de los políticos de la izquierda balear vendiendo la residencia data de enero de 2018, cuando el Ayuntamiento de Palma cedió el solar de 6.450 metros cuadrados, situado en la calle de Xesc Forteza del barrio de Ciudad Jardín y el Govern presentó un proyecto con un presupuesto de ejecución de 9,2 millones.

De hecho, el proyecto ha tenido que ser modificado por las deficiencias detectadas en algunos materiales empleados y en su instalación, como ha reconocido la presidenta y consellera socialista del IMAS del Consell de Mallorca, Sofia Alonso, en el pleno de la institución insular celebrado este jueves.

«Hubo discrepancias con la empresa adjudicataria de las obras por toda una serie de incumplimientos y de divergencias en tema de materiales, precios y demás, que acabó en la rescisión del contrato», relató la consellera insular.

En septiembre de 2022 se celebró una reunión para adoptar medidas de seguridad para que no entraran okupas en el recinto y se comprobó que se habían instalado una serie de materiales que estaban mal colocados.

En concreto, apuntó Alonso, «unos prefabricados colocados de manera incorrecta, y después de analizarlo, el 3 de noviembre se detectó que tampoco los paneles de hormigón instalados eran adecuados y había que desmontarlos. Eso nos obligaba a modificar el proyecto».

El pasado 14 de febrero concluyó la redacción de ese proyecto modificado para la ejecución de todas las obras pendientes que aún no tienen adjudicatario.

«Hemos actuado así por un tema de seguridad», indicó Alonso, «porque la empresa adjudicataria anterior había sido negligente y por eso hemos pedido más exigencias en la solvencia de la empresas adjudicataria porque se han cometido errores técnicos notables. Cuando una obra no sale bien hay que reformularla y eso es lo que ha pasado en la residencia de Son Martorell», lamentó resignada la consellera insular.

La residencia de Son Martorell fue uno de los primeros proyectos autorizados por la Unión Europea dentro de los 300 millones de euros asignados a Baleares en el reparto de los fondos europeos de reactivación económica, que iban destinados a reforzar los servicios públicos fundamentales, para hacer frente a los efectos de la pandemia de la Covid.