Gonzalo Márquez, el «cerebro» de la trama de narcos de los Tribuns, quiere asumir su propia defensa desde prisión

Ignacio Gonzalo Márquez quiere defenderse a sí mismo. El abogado mallorquín, que permanece en prisión provisional en Palma por su presunta vinculación con una trama de narcotráfico y blanqueo, ha solicitado poder asumir personalmente su defensa y prescindir de su actual letrado, Gaspar Oliver.

Márquez es licenciado en Derecho y abogado de profesión y considera que cuenta con los conocimientos jurídicos necesarios para dirigir su propia estrategia. Su intención pasa por tener un papel directo en la preparación de su defensa y estudiar personalmente las actuaciones de una causa que considera clave para demostrar su inocencia.

Sin embargo, el juez no habría accedido a su petición debido a las limitaciones materiales derivadas de su situación penitenciaria. Al encontrarse encarcelado en Baleares, Márquez no puede recibir y gestionar personalmente con la misma facilidad documentación, diligencias, providencias, comunicaciones procesales o testimonios necesarios para preparar una defensa de estas características.

Por este motivo, se mantiene la asistencia de un abogado de oficio que se encuentra en Madrid, mientras Márquez permanece en prisión en Palma. Todo apunta a que, aunque no pueda asumir formalmente todas las funciones de su defensa, será él quien tenga un papel determinante en el diseño y la estrategia jurídica con la que pretende hacer frente a las acusaciones.

El papel atribuido a Márquez dentro de la investigación es especialmente relevante. Según consta en el sumario policial y en las pesquisas de los investigadores, el abogado aparece señalado como una de las personas que habría desempeñado un papel central en la estructura investigada.

Los investigadores lo sitúan como el supuesto cerebro o ideólogo de la trama, atribuyéndole una función relacionada con la cobertura jurídica y financiera de las actividades de la organización. Las pesquisas apuntan a que habría utilizado sus conocimientos jurídicos para dar apariencia legal a determinadas operaciones económicas y facilitar, presuntamente, el blanqueo de los beneficios obtenidos mediante sociedades pantalla.

Según la investigación policial, esas sociedades habrían sido utilizadas para canalizar fondos y adquirir distintos activos inmobiliarios, entre ellos tres hoteles situados en Mallorca, Pamplona y Almansa (Albacete).

Los investigadores describen a Márquez como el “ingeniero financiero” de la trama, al considerar que sus conocimientos jurídicos y económicos habrían sido utilizados para articular determinadas operaciones destinadas, presuntamente, a ocultar el origen del dinero.

Márquez también figura investigado por su presunta vinculación con el tráfico de drogas, dentro de una causa en la que los investigadores atribuyen a la organización distintas actividades delictivas.

Todas estas consideraciones forman parte de las conclusiones de los investigadores y de las acusaciones recogidas en el procedimiento, y no constituyen hechos declarados judicialmente como probados. Márquez mantiene una posición completamente distinta y niega las acusaciones que pesan contra él.

Desde la prisión de Palma, el abogado ya rompió públicamente su silencio el pasado verano a través de una carta remitida a OKBALEARES. En ella defendió de forma tajante su inocencia y denunció las condiciones en las que, según su versión, permanece encarcelado.

«Soy inocente y lo voy a demostrar», afirmó Márquez en aquella carta. También aseguró que en prisión estaba siendo tratado «peor que a un terrorista o violador» y manifestó que, pese a todo, nunca había dejado de confiar en la justicia.

Ahora, su intento de asumir personalmente las riendas de su defensa añade un nuevo elemento a una causa de gran complejidad. Márquez, abogado de profesión y conocedor del procedimiento penal, quiere intervenir directamente en la estrategia con la que pretende desmontar las acusaciones policiales que le sitúan en el núcleo de la presunta trama.

Su situación penitenciaria, sin embargo, supone un obstáculo práctico para ejercer por completo esa función. Aunque pueda diseñar y orientar su estrategia jurídica desde prisión, la recepción de documentación, providencias, testimonios y otras actuaciones procesales hace necesaria la intervención de un abogado que pueda desarrollar materialmente esas tareas desde fuera del centro penitenciario.