COMUNIDAD DE MADRID

La alcaldesa socialista de Alcorcón adjudicó la seguridad de las fiestas a una empresa con vínculos neonazis

El jefe de seguridad de la compañía empleó a numerosos ultras y neonazis en plantilla

Alcorcón
Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón. (Foto: EP)
Pablo Romero-Salazar

El Gobierno socialista de Candelaria Testa ha adjudicado la seguridad de las fiestas patronales de Alcorcón a Llodan Seguridad, una empresa cuyo jefe de seguridad, Javier Martínez Vercher, dirigió durante una década GFS Security Group, la firma valenciana que tuvo en plantilla a un neonazi condenado por las agresiones del 9 d’Octubre de 2017 en Valencia. El contrato asciende a 58.632,73 euros con IVA.

El Ayuntamiento adjudicó el servicio el pasado 28 de julio por procedimiento abierto simplificado, al que solo concurrieron dos empresas. Comprende la seguridad privada del recinto ferial, de las zonas habilitadas para conciertos y de otros espacios de las fiestas de septiembre. Llodan se lo ha llevado por el precio máximo de licitación, 48.456,80 euros sin IVA, sin ninguna rebaja, y el contrato contempla una prórroga de un año.

Llodan, con sede en Gandía (Valencia), acumula 92 adjudicaciones públicas por 1,79 millones de euros, la mayoría en ayuntamientos valencianos. Según su propio perfil profesional, su jefe de seguridad desde febrero de 2023 es Martínez Vercher. Antes ocupó ese mismo puesto en GFS Security Group, con sede en Alzira, desde 2012, y fue director general de la compañía entre 2013 y julio de 2023. En el Registro Mercantil figuró además como apoderado de GFS hasta enero de 2024.

Ultras en la plantilla

En 2018, La Directa publicó que GFS tenía en plantilla a miembros de Ultras Yomus, el grupo neonazi del Valencia CF, y de Curva Nord. La información llevó al festival Festardor, que había contratado a la firma, a cambiar de empresa de seguridad. Tras la publicación, Martínez Vercher, a quien el medio señalaba como jefe de la empresa, borró su perfil de Facebook para ocultar supuestos mensajes de odio.

Entre los vigilantes que trabajaron para GFS figuraba, según el mismo medio, Vicente Javier Estruch Cortés, alias l’Alfarrasí, exlíder de Ultras Yomus. Los hechos probados de la sentencia lo sitúan como uno de los líderes de las agresiones contra la manifestación del 9 de octubre de 2017, por las que fue condenado en 2024 tras admitir los hechos. Estruch lleva tatuados una esvástica y el rostro de Hitler, y contaba con una condena firme anterior por lesiones.

No era el único. Otro de los trabajadores de GFS, Walter Bañón, ha publicado en su perfil de Instagram varias fotografías en las que posa con compañeros de la empresa, uno de ellos con una sudadera de Grupo GFS. En al menos una de ellas aparece junto a Estruch y otro miembro de GFS imitando el bigote de Hitler con los dedos mientras alzan la mano.

Estruch ya figuraba como exvigilante de la empresa en 2017. Como GFS se constituyó en 2012, su paso por la compañía coincidió con la etapa de Martínez Vercher al frente de la seguridad y la dirección de la firma.

Nóminas impagadas y quiebra técnica

La gestión de GFS bajo su dirección también acumuló denuncias laborales. Según denunciaron los sindicatos, la Inspección de Trabajo abrió en 2023 un expediente a la compañía por el impago reiterado de nóminas a sus vigilantes y advirtió de una posible sanción por falta muy grave de entre 120.000 y 225.000 euros. Ese mismo año, USO denunció que GFS se encontraba en «quiebra técnica», con más de 300.000 euros adeudados a sus trabajadores en Galicia. En febrero de ese año, Martínez Vercher ya se había incorporado a Llodan.

No fue el único en dar el salto. Al menos otro vigilante que trabajó para GFS presta servicio ahora para Llodan, según se desprende de sus propias redes sociales, donde presumía de amistad con el ya citado Walter Bañón.

La adjudicación ha generado malestar entre algunos vecinos de Alcorcón, que han señalado en redes sociales los antecedentes de la empresa, como el usuario @alfaresiste en un hilo publicado en X.

No es la primera polémica con la seguridad de las fiestas del municipio. En 2025, el Ayuntamiento encargó verbalmente el servicio a NCS Seguridad después de que el procedimiento quedara desierto, pese a que la empresa estaba incursa en prohibición de contratar. La Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid declaró nula de pleno derecho aquella contratación, aunque abrió la puerta a que el Consistorio abone 57.661,95 euros como compensación por los trabajos realizados.

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