Los decretazos de Sánchez paralizan el alquiler en Madrid: suspendidas el 85% de las firmas del Plan Alquila

La Comunidad de Madrid ha advertido este jueves de que el 85% de los contratos de alquiler que estaba previsto firmar estos días en las oficinas del Plan Alquila han quedado aplazados por la «inseguridad jurídica» de los decretos leyes de vivienda que el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez aprobó el martes y que el Congreso debe convalidar este viernes.

Así lo ha denunciado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo. Según ha explicado, las firmas se han aplazado «porque propietarios e inquilinos prefieren esperar» a la votación de este viernes «para saber cuál de los inventos socialistas tendrá validez».

«Cuando las reglas cambian de un día para otro, hasta firmar un contrato se convierte en una cuestión de incertidumbre. Y después nos preguntaremos por qué falta oferta de alquiler», ha advertido el máximo responsable de Vivienda de la Comunidad sobre las consecuencias de los decretos en el mercado del alquiler.

El Plan Alquila es el programa con el que el Gobierno regional intermedia entre propietarios e inquilinos desde 2008. Ofrece a los caseros un seguro de impago sin coste durante los tres primeros años de contrato, una póliza de hogar multirriesgo gratuita el primer año, intermediación jurídica y el arbitraje del Consejo Arbitral para resolver conflictos con rapidez.

El programa venía creciendo. Entre enero y abril de 2026 se firmaron 653 contratos, un 30% más que los 501 del mismo periodo del año anterior. Rodrigo ya vinculó entonces ese aumento a la búsqueda de «certidumbre» por parte de los ciudadanos ante el «vacío legal» provocado por el Ejecutivo central.

El primero de los decretos aprobados el martes incluye un amplio abanico de medidas: bonificaciones fiscales, protección frente a desahucios, límites a la compra de vivienda por parte de los llamados fondos buitre y un IVA del 10% para los pisos turísticos. Ese tipo queda lejos del 21% que el Gobierno se había fijado como objetivo, una rebaja que se ha interpretado como un gesto para lograr apoyos en el Congreso.

El segundo decreto, impulsado por Sumar a petición del Sindicato de Inquilinas, establece la renovación automática de los contratos de alquiler. Además, obliga al casero a indemnizar al inquilino con doce mensualidades si decide romper el contrato.

Como cualquier decreto ley, ambas normas entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, pero el Congreso debe votarlas en un plazo máximo de treinta días para convalidarlas o derogarlas. El Ejecutivo ha decidido no agotar ese margen y las llevará este mismo viernes a una sesión plenaria urgente.

Hasta entonces, el Gobierno afronta horas de negociaciones intensas con los grupos parlamentarios para asegurarse los apoyos. Mientras tanto, propietarios e inquilinos madrileños han optado por esperar antes de comprometerse con un contrato cuyas condiciones pueden cambiar en cuestión de horas.