La Policía interrogó durante 12 horas a un técnico que preparaba datos para un informe sobre Ceuta para la Audiencia Nacional

Agentes de la Policía Nacional han interrogado durante toda una noche, sin abogado, a un técnico de una empresa subcontratada por el Ministerio del Interior que preparaba datos para uno de los informes que la juez María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha encargado sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.

Según su testimonio trasladado a OKDIARIO, dos agentes de la Policía Nacional, especializadas en temas de información, se han presentado en el domicilio del técnico, en Madrid, el domingo día 6, hacia las 19:00. Estaba solo con sus hijos menores.

Los policías le han pedido que les acompañara. Se ha tratado, según dice, de una comparecencia voluntaria sin abogado. No de una detención. No obstante, la tensión se palpaba en el ambiente y sabedor de lo delicado de algunos datos, se negó a responder algunas de las preguntas. Consideraba que había quebranto de los acuerdos de confidencialidad firmados.

Cuando él ha alegado que no podía dejar solos a los niños, ha acudido un agente tutor para hacerse cargo de ellos, una escena que fuentes conocedoras del caso califican como «una película de ciencia ficción».

En la comisaría ha permanecido, siempre según este relato, desde las 20:00 del domingo hasta las 08:00 del lunes.

Informe para Audiencia Nacional

La relevancia del episodio reside en el trabajo que desempeñaba. El juzgado de María Tardón decidió inicialmente dar protección a los policías que están desarrollando el trabajo para que no tengan que reportar a sus jefes directos. Sin embargo, ahora policías afines a la cúpula designada por Fernando Grande-Marlaska han desarrollado otras diligencias secretas en paralelo.

Desde la Policía Nacional sólo reconocen oficialmente, según se ha publicado en las últimas semanas, la toma de declaración en relación con las posiciones de entrada y expedientes de asilo. Dicen que no se está tomando declaración a testigos.

Los datos técnicos de base, sin embargo, los aportan trabajadores de una empresa de seguridad subcontratada: expertos informáticos que controlan las cámaras de seguridad, vigilan las mediciones y registros biométricos, como huellas, a través de sus plataformas. El técnico trabajaba en remoto y no en Ceuta.

A juicio de las fuentes consultadas, estos agentes podrían buscar influir en el informe final. Como Marlaska no puede dirigirse a los agentes protegidos, se ha bajado «un peldaño por debajo», hasta los subcontratados. «Yo creo que ellos no quieren sorpresas. Quieren controlar el relato y que no se les vaya el caso de las manos. Han pasado a la acción», afirman.

Temor a un informe «cocinado»

Su temor es que el documento llegue alterado a la magistrada: «El informe que va a recibir la juez de la Audiencia probablemente esté cocinado». Podrían llegar a ser coacciones. Lamenta que, por ahora, no haya registros de esa toma de declaración.

Al día siguiente, el técnico ha pedido la baja laboral para, a continuación, solicitar un cambio de servicio dentro de la misma empresa. Personas que le han conocido indican que hay mucho temor y que conviene que esta situación se conozca y quede constancia, para que no suceda nada inesperado.

La causa se remonta a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El 3 de agosto, la juez María Tardón pidió varios informes a los respectivos departamentos de la Policía Nacional y de otros entes para determinar si se trató de una acción concertada o dirigida por algún grupo criminal. También ha pedido a la Guardia Civil que detalle si recibió avisos en los días previos.

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), de la Policía Nacional, hizo un informe revelador de 55 páginas más varios anexos audiovisuales que implicaba a agentes de Marruecos controlando la invasión. Eso disgustó a Marlaska, que se enteró por la prensa. Pidió explicaciones de madrugada al director general de la Policía, Francisco Pardo, que negó que el informe atribuyese a las fuerzas marroquíes la planificación y ejecución de lo ocurrido.

Posteriormente, la Guardia Civil hizo otro informe de escasas cinco páginas, muy poco sustantivo, que no entraba en el fondo.

La magistrada abrió diligencias previas tras una denuncia del partido Iustitia Europa. Ese mismo día, el Gobierno de Ceuta elevó a 88 el número de fallecidos hallados en las inmediaciones del espigón del Tarajal. La cifra de personas que permanecen en la ciudad sigue sin fijarse. El presidente ceutí, Juan Vivas, ha estimado que quedan 8.000 aproximadamente.

Ahora será Tardón la que tenga que arrojar luz tras encargar una docena de informes. A buen seguro muchos llegarán suavizados por el Ejecutivo, pero otros serán profundos y comprometedores para Marruecos.

Por ahora, sólo se han entregado uno de una empresa subcontratada de imágenes aéreas y otro de la propia Presidencia del Gobierno con los documentos que Sánchez desclasificó. Unos escritos que indican que el CNI sí avisó al delegado del Gobierno en Ceuta de la crisis que se venía. Sin embargo, para el PSOE esos documentos dicen lo contrario.