PSOE y Sumar desafían a los letrados del Congreso y cuelan la enmienda para blindar la Ley de Nietos frente al Supremo

Los votos de PSOE y Sumar han forzado finalmente la tramitación de una enmienda que los de la formación de la vicepresidenta Yolanda Díaz han colado en una reforma educativa, un texto que amplía y trata de blindar la Ley de Nietos y su aplicación, frente a la suspensión aplicada por el Tribunal Supremo de la norma. Lo han hecho a pesar del informe en contra del letrado adscrito a la Comisión de Educación, quien informó sobre la enmienda en cuestión y señaló que la iniciativa era «incongruente» con la legislación educativa que se está tramitando y su aprobación podría considerarse incluso inconstitucional.

Los cinco miembros de la Mesa de la Comisión de Educación, que conoció ayer el informe elaborado por el letrado del Congreso sobre la polémica enmienda, instando a no tramitarla, se han reunido esta tarde para decidir, con informe y el criterio jurídico ya sobre la mesa.

El representante de Sumar y los dos del PSOE, que representan mayoría en la Mesa de la Comisión de Educación, lo han tenido claro desde el principio: el informe del letrado no les vincula y, en lugar de ello, invocan el artículo 23 de la Constitución Española, que, en su punto primero, establece que «Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal». Curiosamente, es el mismo artículo invocado por los servicios jurídicos de la Cámara para tratar de paralizar la tramitación de la enmienda de la discordia.

Ante la protesta de los dos representantes del PP, se ha celebrado una votación que ha arrojado un resultado de 3 (el voto de Sumar, autor de la polémica enmienda y los dos votos de los representantes del PSOE), frente a los dos del PP.

Contra viento y marea y contra el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara Baja, la enmienda se tramitará y se le permitirá, además, que quede incluida en un texto educativo que se refiere a ratios de alumnos y materias completamente «inconexas» con la Ley de Nietos que, de ser aprobada definitivamente, se enfrentará a la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho a voto de los nacionalizados con el procedimiento que establece la instrucción dictada por la hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, Sofía Puente.

El informe del letrado asegura que «Las enmiendas al articulado deben ser congruentes con el mismo, y por lo tanto con el objeto y finalidad de la iniciativa legislativa correspondiente.»

Añade también el mencionado dictamen que «En el caso de no respetar esta necesidad de congruencia, podríamos estar ante una situación de vulneración del derecho reconocido en el art. 23 de la Constitución (ius in officium), en su vertiente del derecho a la participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo».

El PP recurre la decisión

El Grupo Popular, por su parte, ya ha anunciado que presentará un escrito de reclamación ante la Mesa del Congreso, por la decisión tomada por la Mesa de la Comisión de Educación, que considera una «chapuza jurídica».

Los populares advierten que no aceptaremos «la intención de manosear el ordenamiento jurídico para alterar el censo electoral, ni el hecho de que, en plena emergencia educativa como demuestra el último informe PISA, el Gobierno utilice a los docentes para sus fines espurios».