Ley de Nietos

Los letrados del Congreso ven inconstitucional la enmienda de Sumar para blindar la Ley de Nietos frente al Supremo

Así lo recoge un informe de los servicios jurídicos de la Cámara al que ha accedido OKDIARIO

Sumar intenta blindar la Ley de Nietos colando una enmienda intrusa en una ley educativa

Pedro Sánchez Yolanda Díaz
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. (Foto: EP)
Segundo Sanz

Los letrados del Congreso ven inconstitucional la enmienda registrada por Sumar en una reforma educativa con la que los socios de Pedro Sánchez pretenden blindar la Ley de Nietos frente a la decisión del Tribunal Supremo de suspender las inscripciones de voto de nuevos españoles descendientes de emigrantes que no fueron exiliados políticos.

Según el contenido del texto de los servicios jurídicos de la Cámara Baja, al que ha tenido acceso OKDIARIO, «la simple lectura de la enmienda permite afirmar que su tenor literal resulta incongruente con el objeto y la finalidad del proyecto de ley que pretende enmendar».

Para los letrados, «no existe en este sentido el mínimo punto de conexión material que permita plantear alguna duda sobre la falta de homogeneidad entre el objeto del proyecto de ley y la literalidad y finalidad de la enmienda».

De este modo, los servicios jurídicos del Congreso subrayan que «desde la STC 119/2011, de 15 de julio, el Tribunal Constitucional ha ido perfilando una doctrina sobre la conexión material entre las enmiendas y las iniciativas legislativas, que deriva del carácter subsidiario que toda enmienda debe tener respecto del texto enmendado».

«Por tanto, las enmiendas al articulado -prosiguen los letrados- deben ser congruentes con el mismo, y por lo tanto con el objeto y finalidad de la iniciativa legislativa correspondiente. En el caso de no respetar esta necesidad de congruencia, podríamos estar ante una situación de vulneración del derecho reconocido en el art. 23 de la Constitución (ius in officium), en su vertiente del derecho a la participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo», advierten.

«Es esta circunstancia la que debe ser ponderada y valorada por el órgano competente a la hora de decidir sobre la admisión a trámite de las enmiendas, es decir, es el elemento de valoración que ha de tomar en cuenta la Mesa de la Comisión en el momento de decidir o no la admisión a trámite de una enmienda que carezca de congruencia con la iniciativa legislativa», apuntan los letrados.

Esa Mesa de la Comisión de Educación que debe decidir sobre la admisión o no de dicha enmienda intrusa está prevista que se celebre este miércoles al terminar la sesión del Pleno ordinario.

«No todo vale»

Fuentes del PP consultadas por este periódico remarcan que este informe de los letrados pone de manifiesto la intención del partido de Yolanda Díaz de «manosear el ordenamiento jurídico para alterar el censo electoral de una manera infame y antidemocrática, con la aceptación tácita de que la instrucción de Sofía Puente fue ilegal».

Tales fuentes del PP avisan de que, si pese a este informe, PSOE y Sumar fuerzan la tramitación de la enmienda este miércoles, «tendrán que explicar por qué pretenden utilizar una ley educativa para modificar otra ley completamente distinta pese a la advertencia expresa sobre su falta de conexión», afirman los populares.

«No todo vale para intentar sortear a los tribunales ni para cambiar las reglas a conveniencia del Gobierno. Una ley de educación -el proyecto de la conocida como Ley de Ratios- no puede convertirse en el caballo de Troya para modificar la Ley de Nietos. El informe demuestra que el procedimiento parlamentario tiene reglas y que tampoco una mayoría puede saltárselas cuando le estorban», inciden las fuentes del PP.

Precisamente, OKDIARIO preguntó al respecto este martes a la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, en rueda de prensa en el Congreso, donde manifestó que esta enmienda instrusa «demuestra que cuando dijimos que la instrucción iba más allá de la ley de 2022, era cierto», ha aseverado en relación a la orden que ampliaba la nacionalización vía ley de Memoria Democrática (o Ley de Nietos) para descendientes de emigrantes por razones económicas antes de la Guerra Civil, no sólo exiliados políticos.

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