Sumar intenta blindar la Ley de Nietos colando una enmienda intrusa en una ley educativa

Sumar planea registrar una enmienda ajena al contenido de un proyecto de ley educativo para elevar a rango de norma la instrucción de la llamada Ley de Nietos, cuestionada por el Tribunal Supremo. El alto tribunal acaba de suspender las altas en el censo electoral hasta que los nacionalizados acrediten que realmente descienden de exiliados españoles.

El portavoz de IU en el grupo Sumar, Enrique Santiago, ha anunciado en rueda de prensa que este mismo miércoles registrarán la enmienda al proyecto que modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006 y la ley de 2019 de mejora de las condiciones del profesorado no universitario, la conocida como ley de ratios.

El objetivo, según ha explicado, intentarán introducir el mismo cambio en cualquier otra ley en tramitación en el Congreso que tenga «el suficiente rango normativo».. Así buscan anular el efecto de la decisión del Supremo, que ha dejado en suspenso las incorporaciones al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la ley de memoria democrática de 2022 o Ley de Nietos, hasta que los consulados verifiquen el parentesco con exiliados.

«Lo que pretendemos claramente es que quede sin efecto esa sentencia del Tribunal Supremo que, infringiendo un derecho constitucional, ha privado del derecho de voto a españoles y a españolas sin cuestionar ni siquiera el derecho a la nacionalidad», ha asegurado Santiago, que ha añadido: «Puestos a hablar de presunciones, lo mejor es que la presunción sea legal, que tenga un rango de ley y se acaben cualquier tipo de disquisiciones sobre la validez de una instrucción».

La enmienda de Sumar modifica una disposición adicional de la Ley de Nietos para establecer expresamente que «se presumirá la condición de exiliado» a quienes salieron de España en ese periodo. El diputado de IU ha insistido en que lo prioritario es «garantizar el derecho a voto de los españoles», como si no lo tuvieran ya, y que, si no sale adelante en esta norma educativa, intentarán introducir el mismo cambio en cualquier otra ley en tramitación en el Congreso que tenga «el suficiente rango normativo».