La Audiencia Nacional paraliza el campamento del Puerto de Ceuta que el Gobierno impuso a Vivas para acoger invasores

La Audiencia Nacional ha ordenado este miércoles la paralización del campamento para inmigrantes que el Gobierno pretendía instalar en el Puerto de Ceuta hasta que decida si suspende definitivamente el proyecto, tal y como había solicitado el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

El tribunal ha instruido al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que no ejecute la instalación de las carpas destinadas a más de 800 invasores, después de que el sindicato presentara una demanda al considerar que la medida afecta a la seguridad de «infraestructuras críticas».

La decisión judicial, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, supone un varapalo para el Ejecutivo en plena gestión de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde finales de julio. Varios informes habían alertado de los riesgos legales y de seguridad de esta operación.

La respuesta del Gobierno pasó por cesar al abogado del Estado Alejandro Geronico que había advertido de las circunstancias que ahora ha confirmado cautelarmente la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. El letrado ha recibido el apoyo de la Nueva Asociación de Abogados del Estado que han visto con «honda preocupación» este cese ejecutado por el ministro Óscar Puente.

El sindicato policial SUP, mayoritario en el cuerpo, había interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Transportes que autorizaba el uso de unos 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para levantar un dispositivo temporal con capacidad para cerca de 1.000 personas.

El SUP había reclamado medidas cautelarísimas para detener de inmediato tanto la instalación como su posterior puesta en funcionamiento.

Su portavoz, Ana Alarcón, ha explicado que temen que puedan producirse «incendios y alteraciones del orden público junto a infraestructuras críticas». Alarcón ha asegurado que «no nos ha llegado nada que justifique que el campamento tenga que estar ahí», y ha recordado que la zona portuaria acoge instalaciones energéticas y áreas restringidas, además del tránsito habitual de personas y mercancías.

La portavoz sindical citó entre los riesgos posibles incendios, evacuaciones y alteraciones del orden público, «como ya se han venido produciendo en los lugares donde se concentran los inmigrantes». Ha recordado que se han producido «peleas, reyertas y también agresiones tanto a mujeres como a militares, policías y guardias civiles», además de intentos de subir a un ferry con destino a la Península.

Por otra parte, Alarcón califica de «increíble» y «de mal gusto» que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hablara el martes en el Senado de «inseguridad subjetiva» en Ceuta, cuando él mismo reconoció que allí se «sentiría subjetivamente inseguro».

El cariz que ha tomado la situación en Ceuta desde el asalto masivo del pasado 30 y 31 de julio, cuando llegaron a la ciudad autónoma miles de personas, ha ido complicando la gestión gubernamental semana tras semana. El ministro de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, ha elevado este miércoles a 4.160 la cifra de inmigrantes acogidos en la ciudad, de los que 1.917 tienen ya expedientes tramitados de cara a una posible expulsión, aunque habrá que valorar si pueden acogerse al derecho de asilo.

Aplazamiento

Precisamente el Ministerio de Migraciones ha suspendido, en las primeras horas de este miércoles, el operativo de traslado de inmigrantes que estaba fijado para el amanecer.

Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tenían la misión de desalojar la playa del Trampolín y trasladar, por ahora, una tercera parte de las miles de personas. La idea era implantar dos instalaciones de acogida: los varones al centro de Muelle de Poniente y las mujeres al de la Hípica.

En todo caso, el Ejecutivo espera que el realojo de quienes duermen en los asentamientos chabolistas de las playas se lleve a cabo de manera inminente, si bien evitan comprometerse con una fecha concreta.

Fuentes gubernamentales habían confirmado este martes que la operación se ejecutaría a primera hora de esta mañana, pero determinados trabajos aún pendientes en los centros de acogida han forzado un aplazamiento.

El ministerio de Elma Saiz aguardaba a que finalicen las obras en el recurso del Puerto, que incluye una gran carpa principal junto con varias de menor tamaño.

A esto se suma que todavía no está garantizada la disponibilidad del personal de las ONG responsables de atender a los migrantes, según indicaron las fuentes citadas.

De acuerdo con la información recabada por Europa Press, el centro de Muelle de Poniente dispone de capacidad para unas 1.400 personas, cifra que deja fuera, necesariamente, a buena parte de quienes actualmente ocupan el Trampolín.

Según los cálculos del Gobierno local, en los asentamientos de la playa viven unos 4.000 migrantes, por lo que se prevén episodios de tensión en el momento del desalojo y el posterior traslado, en cuanto se cubra el aforo disponible en los nuevos centros.

Situaciones similares ya se vivieron en anteriores operativos, como los realizados hacia las instalaciones de Loma Colmenar y Los Rosales, cuando cientos de inmigrantes que se quedaron sin plaza trataron de acceder en tropel y por la fuerza, obligando a la Policía Nacional a contenerlos.