La juez cita como testigos a Vivas y al nº 2 del delegado del Gobierno en Ceuta que acusó a su jefe de mentir

La magistrada María Tardón ha ordenado este miércoles citar como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al que fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma en el momento de los hechos,  Gonzalo Sanz, dentro de la investigación por la entrada masiva e irregular de inmigrantes ocurrida entre el 30 y el 31 de julio de 2026.

Sanz acusó directamente a su superior, al delegado Miguel Ángel Pérez Triano (PSOE), de mentir al presentar su dimisión por la gestión de la crisis inmigratoria. El jefe de gabinete afirmó haberle comunicado la alerta del CNI sobre un asalto masivo, una versión que el delegado negó haber recibido.

La decisión forma parte de un extenso auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, que también ha requiere informes sobre redes sociales, imágenes satelitales y movimientos financieros solicitados por el Ministerio Fiscal.

La causa investiga en la Audiencia Nacional un delito contra la paz e independencia del Estado. El auto recoge que la movilización afectó a entre 75.000 y 85.000 personas y que se han contabilizado ochenta y tres fallecidos asociados a los hechos.

Según la resolución, Vivas Lara declarará el día 30 de septiembre de 2026. Al día siguiente, 1 de octubre, comparecerán el jefe de la Policía Local de Ceuta en los días en que sucedieron los hechos y, a después, el ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma.

La juez justifica estas comparecencias por la necesidad de conocer «de forma directa, la información de que se disponía antes de los acontecimientos, las previsiones existentes, la evolución de la situación y las circunstancias concretas que determinaron el colapso operativo descrito en las actuaciones». El auto aclara, no obstante, que estos no serán los únicos testimonios que se practiquen a medida que avance la instrucción.

Rastreo digital de la convocatoria

El auto ordena librar oficio al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) para que aporte «la relación completa de números telefónicos detectados como administradores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes», así como los identificadores utilizados en Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram y Telegram.

También se emitirán Comisiones Rogatorias Internacionales y Órdenes Europeas de Investigación dirigidas a Meta, WhatsApp, Google y Apple, entre otras plataformas, para que conserven y remitan los datos de las cuentas empleadas en la difusión de la convocatoria entre el 1 de julio y el 15 de agosto.  Estas diligencias se tramitarán en una pieza separada que, según recoge el auto, «tendrá carácter secreto».

Satélites, drones y el CNI

La juez ha autorizado también el análisis biométrico y reconocimiento facial de las personas identificadas como dinamizadores en el terreno, tarea que recaerá sobre la Comisaría General de Información, la Policía Científica y sobre el propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al que se pide comparar los perfiles con bases de datos de Interpol y Europol.

Uno de los puntos más singulares del auto es el requerimiento al CEO de la empresa tecnológica HI Iberia, a quien se solicita informar sobre las peticiones recibidas para obtener imágenes satelitales mediante su herramienta SEDA en un radio de acción «comprendido entre los 5.000 metros hacia territorio marroquí, y los mil metros en territorio español». También se reclaman imágenes al Estado Mayor de la Defensa (EMAD), obtenidas por sus mandos de operaciones, inteligencia y ciberespacio entre el 20 de julio y el 7 de agosto.

La pista del dinero

La instructora ha considerado necesario aclarar además la logística económica de la movilización. Por ello ha requerido a la UDEF de la Policía Nacional y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe financiero que analice «utilización de sistemas informales de transferencia de fondos, sistemas hawala, contratación de medios de transporte colectivos».

El razonamiento jurídico sostiene que una movilización de esas dimensiones «difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros», lo que a juicio de la magistrada justifica la pesquisa patrimonial.

El auto también ordena acumular las diligencias abiertas en los juzgados de Ceuta por los fallecimientos y recabar un informe pericial que determine «las causas concretas de los fallecimientos, la influencia de las condiciones del cruce y la posible intervención de terceros» en el riesgo que desembocó en las muertes.

La juez recuerda que el derecho a la intimidad, recogido en la Constitución, exige un juicio serio de proporcionalidad, pero concluye que la gravedad de los hechos investigados lo colma sobradamente.

El auto, notificado al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas, admite recurso de reforma en el plazo de tres días. Mientras la instrucción tecnológica avanza bajo secreto, la comparecencia de Vivas y de su antiguo interlocutor en la Delegación del Gobierno abrirá, a finales de septiembre, el primer capítulo de una causa que hasta ahora solo ha hablado el lenguaje de los satélites, los servidores y las bases de datos biométricas.