Ayuso se harta: amenaza con acciones legales a la Delegación del Gobierno si no desaloja Sol en 48 horas

La Comunidad de Madrid ha enviado un requerimiento al delegado del Gobierno para que, en un plazo máximo de 48 horas, dé las instrucciones oportunas para desalojar la Puerta del Sol. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha advertido de que, si no lo hace, el Gobierno regional presentará un recurso contencioso-administrativo con petición de medidas cautelares y no descarta acciones penales.

García Martín ha hecho el anuncio en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional. Ha asegurado que la acampada instalada desde el pasado sábado en la plaza cuenta con la «complicidad» del delegado del Gobierno, al que ha calificado de «delegado del sanchismo en la Comunidad de Madrid», y del Ministerio del Interior. Según ha denunciado, ninguno de los dos está haciendo «absolutamente nada» para evitarla.

El consejero ha sido tajante en su mensaje: «La impunidad, la ilegalidad, el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol». Ha explicado que el requerimiento se ha remitido de forma inmediata al delegado del Gobierno, al que se le da un plazo de 48 horas para atenderlo.

Además de exigir el desalojo, la Comunidad reclama que el Gobierno proteja el edificio de la Real Casa de Correos. García Martín ha recordado que se trata de un inmueble con más de 250 años de historia y declarado Bien de Interés Cultural.

El consejero ha detallado que la sede del Gobierno regional ha sufrido actos vandálicos en los últimos días. Ha hablado de pintadas y de basura arrojada contra la fachada y contra las ventanas del edificio.

García Martín ha asegurado que la acampada está generando «importantes perjuicios» a los vecinos y a los comerciantes de la zona, con los que, ha afirmado, el Ejecutivo autonómico mantiene un contacto permanente. Según ha señalado, los comerciantes temen un perjuicio económico como el que sufrieron durante el 15M, que el consejero ha cifrado en más de 90 millones de euros.

Si el delegado del Gobierno no atiende el requerimiento en el plazo fijado, la Comunidad de Madrid presentará el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente. Pedirá además medidas cautelares «en defensa del interés de todos los madrileños».

El consejero ha ido un paso más allá y ha reservado al Gobierno regional el derecho a emprender «cualquier tipo de acción judicial». Ha incluido expresamente las acciones penales contra el delegado del Gobierno.

Acampada en Sol

La acampada empezó la noche del sábado, después de una manifestación por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba 70 viviendo de alquiler en un piso del barrio del Retiro. La convocó el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid frente a la Real Casa de Correos. Según la Delegación del Gobierno, por la mañana había alrededor de un centenar de tiendas y unas 500 personas. A lo largo del día, el campamento creció hasta superar las 300 tiendas, con cocina popular y reparto de comida y agua. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya había acusado a la Delegación del Gobierno y a Interior de «dejación de funciones» y «absoluta negligencia».