La mitad de los inmigrantes ilegales a los que se les hace la prueba radiológica en Madrid son en realidad adultos

La mitad de los inmigrantes ilegales a los que se hace la prueba radiológica en la Comunidad de Madrid son en realidad adultos. En concreto, de los 786 supuestos menas a los que se les realizó el año pasado, 346 eran mayores de edad. Así se desprende de la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid correspondiente a 2025, presentada esta semana. El Ministerio Público avisa en ella de «fallos en los filtros», así como del «peligro» de que falsos menas estén en centros de protección conviviendo con menores.

Según explica la Fiscalía, para realizar las pruebas radiológicas, «se ha contado con una mayor dotación de personal y la reorganización del servicio ha supuesto el fin de las demoras en la emisión de informes». «Así, y con el esfuerzo de los fiscales encargados en exclusividad de la labor de la determinación de la edad, se ha logrado poner fin a 786 procedimientos de esta naturaleza» –un 67,2 % más que en 2024, cuando fueron 470–, y se ha concluido la mayoría de edad en 346 casos.

El Ministerio Público destaca que dicha situación «habría de llevarnos a reflexionar sobre la posibilidad de que se estén produciendo fallos en los filtros del sistema, que no sólo provocan que los recursos no se destinen a quienes de verdad lo precisan, sino que estén conviviendo en los centros de protección menores de edad con personas que, manifestando serlo, no lo son, con los riesgos y peligros que tal situación conlleva».

Expedientes de protección archivados

En el área de protección de menores, la Fiscalía ha archivado 5.562 expedientes en 2025, casi un 35% más que en el año anterior, quedando vivos a 31 de diciembre unos 8.700, un número que se ha incrementado en proporción al de asuntos registrados. La labor de revisión se ha retomado y se ha comenzado a utilizar la aplicación de Expediente de Protección, «lo que está permitiendo la actualización del estado procesal de los expedientes y su archivo, si procede».

En 2025 se abrieron 611 las diligencias de determinación de la edad, un 33% menos que en 2024, cuando fueron 911, pues «ha disminuido la llegada de niños y niñas menores extranjeros no acompañados indocumentados» a la Comunidad de Madrid.

Además, la Fiscalía señala que «se han mejorado los sistemas de detección de posibles menores en el lugar de entrada en el territorio nacional, así como los mecanismos de información a los jóvenes que llegan de manera irregular, concienciándoles de la importancia de verbalizar su verdadera edad e identidad, para, en su caso, iniciar el proceso de determinación de su edad sin dilación».

Y afirma que esto está permitiendo que los traslados a la Comunidad de Madrid «no sean ya de personas supuestamente adultas (que luego manifiestan no serlo), pero indocumentadas, sino de menores, declarados como tales en los correspondientes decretos, que ingresan de manera directa en los recursos de protección correspondientes».

Asimismo, ha decrecido el flujo de entrada de inmigrantes a través del  Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, especialmente por las operaciones policiales iniciadas en el pasado ejercicio para paliar las posibles actividades ilícitas detrás de aquel, así como por la exigencia del correspondiente visado de tránsito, «que dificulta sobremanera la entrada ilegal en territorio nacional».

79 expedientes

Por otra parte, la Fiscalía indica que en 2025 se han llevado a cabo 79 expedientes de determinación de edad en la comunidad madrileña, y que, aunque la cifra es inferior a la del año pasado, cuando se hicieron 102, «se consolida el importante volumen de los mismos, muy lejos de los iniciales 32 de los dos primeros años de asunción de esta competencia».

A este respecto también señala los «importantes problemas para proveernos de traductores de lenguas africanas (bambara, wolof, poular y mandinga fundamentalmente), que han dado lugar a suspensiones de las comparecencias en doce ocasiones, una vez presentes todos los afectados».

El Ministerio Público indica que «estos problemas se han producido tanto con la anterior empresa adjudicataria del servicio de traducción como con la actual, que ha empezado a prestar servicio a finales de 2025» y que hay una «imperiosa necesidad de que se lleve a cabo una adecuada regulación legal de la materia para dotar al procedimiento de determinación de edad de las imprescindibles garantías jurisdiccionales».

El artículo 35.3 de la Ley de Extranjería y el Protocolo marco sobre menas disponen que, cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad localizan a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no puede establecerse con seguridad, debe ponerse el hecho en conocimiento de la Fiscalía, que puede disponer la determinación de la edad con colaboración sanitaria. La finalidad es precisamente decidir si debe incorporarse al sistema de protección de menores o quedar sometido al régimen de adultos.

Además, el Reglamento de Extranjería también señala que si la minoría resulta indubitada por la documentación o por la apariencia física, se le deriva al sistema de protección, mientras que si está indocumentado y existen dudas razonables sobre la edad, entra en juego el procedimiento de determinación de edad.

La determinación de la edad puede incluir exploración física y, según criterio médico, radiografía de carpo, estudio dental/tercer molar o clavícula, entre otras técnicas. El resultado debe expresarse como una horquilla de edad y con margen de error, no como una edad matemática exacta.

Las diligencias de determinación de edad las abre la Fiscalía cuando hay dudas sobre la minoría de edad de una persona indocumentada. Se incoan para casi cualquier persona que dice ser menor y no puede acreditarlo, y se resuelven con un decreto que la declara menor o mayor. Por su parte, los expedientes normalmente son procedimientos administrativos posteriores, según el caso de protección (por la entidad de menores) o de repatriación (por la Delegación del Gobierno), y no se abren para todos los que pasaron por diligencias.

La última memoria de la Fiscalía General del Estado señala que en 2025 se incoaron 7.999 expedientes de determinación de edad en España y que había unos 3.900 pendientes de resolución a final de año. La propia Fiscalía relaciona esta carga con la llegada de extranjeros indocumentados y con la necesidad de determinar su edad civil e identifica expresamente a Ceuta como uno de los territorios con mayor presión migratoria de menores. En concreto, en 2024 se registraron 2.768 llegadas terrestres de menores extranjeros y durante 2025 Ceuta fue declarada territorio en situación de contingencia migratoria junto con Canarias.

Unas cifras que se han disparado con el asalto a la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio, donde también se están haciendo pruebas para determinar la edad de los ilegales.

La Fiscalía de Área de Ceuta ha experimentado un importante incremento en el volumen de trabajo, especialmente en el ámbito de la protección de menores, con un aumento de la tramitación de expedientes de determinación de edad y sus correspondientes audiencias a los niños, niñas y adolescentes no acompañados. Además, en el ámbito penal, los servicios de guardia también han experimentado un incremento importante de actuaciones.

Y para hacer frente a esta gran carga de trabajo, tres fiscales de refuerzo se han incorporado a la Fiscalía de Área de Ceuta procedentes de la Península, pasando de 8 a 11, quienes permanecerán hasta el próximo 31 de diciembre, cuando se valorará si se prorroga la medida.

Menores infractores en Madrid

La Fiscalía también pone el foco en su informe sobre las infracciones y delitos cometidos por menores en la Comunidad de Madrid. Si bien la franja de 16 a 18 años es la edad en la que se produce el mayor número de menores registrados, con un total de 7.351 (6.776 en 2024), destaca que es preocupante «el número de menores de edad inferior a los 14 años inmersos en conductas disociales, pues constan 2.856». Aunque son algunos menos que en 2024, cuando ascendieron a 2.964, el Ministerio Público hace hincapié en que estos datos le «siguen preocupando».

La conducta disocial es un patrón de comportamiento repetitivo y persistente en niños y adolescentes donde se violan los derechos fundamentales de los demás y las normas sociales básicas.

Son muchos los registros por delitos violentos a manos de menores en 2025. El número de homicidios/asesinatosintentados ascendión a 23, sólo tres menos que en 2024, y se mantienen las cifras de los delitos de lesiones, con 2.956 frente a los 2.910 del año anterior.

Además, en muchos de estos asuntos «se encuentran implicados menores relacionados con bandas juveniles, pues continúan los enfrentamientos entre ellas haciendo uso de armas». 

También sigue la tendencia al alza de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, mientras que descienden en este ejercicio los delitos de la violencia de género, no así los de violencia doméstica, con hasta 1,036, un 16,9% más que el año anterior, cuando se registraron 894. Asimismo, se han incrementado los delitos en los que se hace uso de la tecnología como medio comisivo.

En concreto, se registraron 663 infracciones por delitos por agresión sexual, un 12,2% más que en 2024; 87 por abuso sexual, un 1,2% más; 309 robos con fuerza, un 2,3% más; 566 robos con violencia o intimidación, lo que supone un 16,4% menos; así como 494 daños, lo que supone un 9,1% más; y 145 delitos contra la salud pública, un 16,9% más respecto al año anterior.

Asimismo, hubo 393 delitos contra el orden público, de los cuales 229 fueron atentados, delitos de resistencia y desobediencia grave, un 10,6% más que en 2024.

«Como venimos señalando en Memorias anteriores, las cifras apuntadas preocupan sobremanera a quienes trabajan en el ámbito de la justicia juvenil, pues no son sino un fiel reflejo de la banalización por parte de los menores y jóvenes de la violencia y de la sexualidad», señala la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, indicando que esto pone de relieve «las posibles carencias de nuestro modelo social que, muy seguramente, ha de ser revisado con urgencia en pro de aportarles los instrumentos precisos para su correcto desarrollo».

De las sentencias dictadas, 876 fueron condenatorias, de las cuales 673 fueron por conformidad, mientras que 112 fueron absolutorias.

El Ministerio Público sostiene que a tal fin es necesaria «una labor educativa integral y especialmente reforzada en el ámbito familiar y social», ya que «una intervención temprana y multidisciplinar puede evitar que los jóvenes naturalicen la desconsideración y la violencia, de cualquier tipo que sea, y que las incorporen con naturalidad a su modo de vida».

Por último, la sección de crimen organizado y delincuencia grave, que se encarga, entre otras cosas, de investigar los delitos cometidos en el seno de grupos organizados y violentos de carácter juvenil, ha detectado que «existe un incremento notable de la participación de miembros de los Dominican Don’t Play (DDP) y Trinitarios en la comisión de estafas por Internet, por lo sencillo que resulta la obtención de un beneficio económico y la dificultad que entraña este tipo de investigaciones, entre otras cosas por la gran cantidad de perjudicados».