Marlaska dio 1,5 millones a Cruz Roja y 21.000 € a la Comisión Islámica un día después de la invasión

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, regó con 1,5 millones a Cruz Roja y con 21.000 euros a la Comisión Islámica un día después de la invasión a Ceuta. Así consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 31 de julio, donde Interior reconoce que son subvenciones directas, sin concurrencia competitiva. 

Marlaska publicó aquel día el Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a entidades que ya colaboran con su Ministerio, entre las que se encuentran ambas entidades. En concreto, da a Cruz Roja 1.125.000 euros para servicios de asistencia social a inmigrantes de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

También le ha concedido 341.400 euros por su «participación en planes y operaciones –en especial en la Operación Paso del Estrecho– y en otras actividades de protección civil», así como 96.000 euros por su «colaboración en el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad».

Por su parte, la Comisión Islámica de España recibirá 21.000 euros para asistencia religiosa islámica en prisiones. Este es el órgano oficial que negocia los acuerdos de cooperación con el Estado español y defiende los intereses de las comunidades musulmanas en el país. Gestiona servicios educativos, culturales y de culto.

Además, regula y concede el certificado de garantía halal, un documento oficial que acredita que un producto, alimento, servicio o proceso cumple estrictamente con las normas y principios de la ley islámica. Por ejemplo, que no contiene carne de cerdo, jabalí, sangre, alcohol ni aditivos o ingredientes de origen animal prohibidos. Y en el caso de la carne, certifica que el animal ha sido sacrificado conforme al rito islámico.

El Ministerio destaca que estas subvenciones son compatibles con otras, así como ayudas, ingresos o recursos que puedan percibir dichas entidades con la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o ente público o privado, ya sea nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

En el listado de beneficiados de estas subvenciones directas también figuran, entre otras organizaciones, la Conferencia Episcopal Española, con 608.500 euros para asistencia religiosa católica en prisiones, así como Cáritas, con 54.000 euros para programas con personas condenadas a penas no privativas de libertad.

Investigada en la Audiencia Nacional

La Comisión Islámica de España saltó a primera plana en marzo de 2021, cuando el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ordenó prisión provisional y sin fianza para su tesorero por presuntos delitos de pertenencia a organización terrorista y financiación del terrorismo. La causa se dirigía contra el presidente de organización, Mohamad Aidman Adbli, y otros ocho investigados, entre ellos el tesorero, por presuntamente financiar el terrorismo en Siria.

Finalmente, fue archivada en diciembre de 2025. Esta causa era una pieza separada de un caso que la Audiencia Nacional juzga desde el pasado lunes, en el que hay una docena de acusados de financiar al terrorismo yihadista en Siria con el sistema hawala o con envíos de material logístico como ambulancias a través de una ONG, si bien no hay evidencias de que los vehículos sanitarios llegaran a manos de una organización terrorista.

En la citada pieza separada fueron investigados los fondos enviados a través de la ONG turca Al Bashaer, atribuidos al presidente de la Comisión Islámica en España y a otras ocho personas, si bien se decretó

El magistrado Antonio Piña, a instancias de la Fiscalía, acordó el sobreseimiento provisional y archivo de de la misma al determinar que no existían «indicios suficientes» de que los fondos recaudados en campañas para la ayuda a huérfanos y viudas en Siria llegaran a zonas donde operaban milicias yihadistas.

Comida y camas nuevas para los invasores

Cruz Roja reparte comida a diario a los invasores que permanecen deambulando por las calles de Ceuta. Distribuye las bolsas de comida en la playa del Trampolín, que se volvió a llenar este viernes de ilegales tras quedar fuera del campamento del puerto en el que el Gobierno ha alojado a 1.700 invasores junto a los ferrys hacia la Península y la energía que da luz a toda Ceuta.

En el operativo policial del pasado viernes para llevar a los ilegales al puerto,  una turba de ilegales se echó a la carrera para ser acogido en el campamento y, por tanto, pasar de uno ilegal a oficial, en el que tienen hasta camas nuevas. Al no haber allí instalaciones para todos, más de 2.000 regresaron a los asentamientos en las playas del Trampolín y Benítez. Ahora, ambas están tomadas por más ilegales que antes, ya que al enterarse del traslado al puerto, muchos otros invasores que estaban en los montes bajaron a ocupar las chabolas.

En estos 50 días desde la invasión, la población ceutí se ha echado a las calles en numerosas ocasiones para denunciar la «dejación de funciones del Gobierno» para revertir esta crisis de seguridad nacional. Una de ellas tuvo lugar el pasado 27 de agosto, en la que un grupo de vecinos intentó bloquear el paso de los camiones de Cruz Roja que llevan comida a los ilegales. En dicha movilización los concentrados reclamaron al Ejecutivo una solución urgente a esta situación que está condicionando sus vidas.

Los congregados reclamaron, asimismo, que se atiendan también las necesidades de los vecinos, ya que «hay mucha gente de Ceuta pasando necesidad».

Los sindicatos policiales también han alzado la voz contra la situación que viven los agentes desplegados. El Gobierno tiene a algunos policías durmiendo en camas mugrientas mientras a los ilegales se las compra nuevas.

En una situación similar se encuentran los militares. Además, en la Unidad de Ingenieros número 9, los efectivos que hacen apoyos y relevos se están viendo obligados a dormir en unas camas de lona en los vestuarios, sin ni siquiera colchón.

Vacuna y ropa gratis

Mientras, en el nuevo campamento del puerto, los ilegales tienen literas a estrenar, tres comidas al día, duchas y vacunas. Los inmigrantes no tienen una sola queja, pero todos rematan con la misma frase: «El centro está muy bien, pero queremos ir a la Península». Así lo han declarado a OKDIARIO.

Como ha informado este diario, la ONG SAMU vacuna gratis y regala ropa a los invasores en esta instalación. SAMU es una fundación adjudicataria de contratos públicos que lleva años trabajando en Ceuta con dinero de la Administración, desde la acogida de menores extranjeros no acompañados —facturada en su día en torno a 70 euros por niño y día— hasta el dispositivo actual.

Nada de lo que reparte en el puerto sale de su bolsillo: lo paga el contribuyente. El Ministerio de Inclusión transfirió en agosto casi 6,5 millones de euros extraordinarios a Ceuta para reforzar la atención a los llegados en la entrada masiva de julio, además de los 25 millones anunciados para menores.

La criminalidad disparada

Transcurridos 50 días desde la invasión, Ceuta es un polvorín, con más de 20.000 ilegales que todavía permanecen en ella, según los cálculos de OKDIARIO in situ.

A mediados de septiembre ya se habían presentado 59 denuncias en la Policía contra los invasores por ataques a policías, militares y guardias civiles, y 38 por agresiones sexuales, 13 de ellas con penetración, según ha podido saber este diario fuentes policiales. Cabe tener en cuenta que no todas las agresiones sexuales se denuncian y también que cada denuncia puede tener varios perjudicados. La inmensa mayoría de los denunciados por ataques y agresiones sexuales son marroquíes.

Esta semana, las autoridades judiciales de Ceuta ya habían ordenado el ingreso en prisión preventiva de 121 sujetos en la cárcel de Ceuta, entre ilegales y delincuentes que han aprovechado para hacer negocio con los invasores, como tratar de desplazarlos a la península en pequeñas embarcaciones o motos de agua a cambio de una suculenta cifra de dinero.

Y muchos de ellos «lucen simbología yihadista y de haber estado en prisión, como son los símbolos de una S, del dólar, tres puntos y una s extendida», según indican fuentes penitenciarias.

El Gobierno ha enviado a cárceles de la península a los 80 invasores más peligrosos, sobre los que pesan delitos por agresión sexual, robos con violencia y atentado contra agente de la autoridad. Ahora se encuentran en prisiones de andaluzas. En su mayoría, en centros penitenciarios de Algeciras (Cádiz), Archidona (Málaga) y Morón de la Frontera (Sevilla).

Una situación de traslados la oculta el ministro del Interior, así como el balance de la criminalidad tras la invasión. Unos datos que también ha venido revelando OKDIARIO de forma periódica y que recientemente hizo públicos de forma oficial el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, rebatiendo con cifras la «inseguridad subjetiva» de la que habla Marlaska.

Según ha informado Vivas, en Ceuta se ha pasado de 67 a 1.000 agresiones y de 10 a 600 allanamientos comparando agosto del año pasado y éste. Además, se han contabilizado 5.233 expedientes de seguridad o incidencias frente a los 778 registrados en agosto de 2025.

Las agresiones han pasado de 67 a 1.001, también ha habido un aumento de los allanamientos de morada, de diez a 600 casos, y los episodios de alteración del orden público se han elevado de 32 a 326. Asimismo, los intentos de intrusión en el puerto han pasado de 57 a 1.163 y de las 14 intervenciones que realizó el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento en agosto de 2025, ahora ya se han registrado 89.