La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de los policías contra el campamento de invasores en el puerto

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la decisión del Ministerio de Transportes de instalar el campamento de invasores en el puerto de Ceuta, donde 1.700 ilegales fueron alojados este viernes junto a los ferrys hacia la península y la energía que da luz a toda Ceuta

Esta decisión judicial se produce después de que la Audiencia denegara la medida cautelarísima solicitada por este sindicato para detener tanto la instalación como su posterior puesta en funcionamiento. Aquella decisión no resolvió el fondo del asunto y el procedimiento judicial continúa ahora por sus trámites ordinarios.

En la resolución, dictada el viernes y a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el tribunal ordena al ministro de Transportes, Óscar Puente, que le remita el expediente administrativo en un plazo improrrogable de veinte días.

Los riesgos

Los policías han venido alertando del riesgo de concentrar a los ilegales dentro de una infraestructura crítica, junto a instalaciones de combustibles, energía y otros servicios esenciales, así como de la afectación a la seguridad portuaria y que se les ponga junto a una vía de escape hacia la península.

Además, el SUP señala los recientes incendios registrados en distintos asentamientos de Ceuta, avisando que estos incidentes se pueden dar ahora en estas instalaciones portuarias, cargadas de combustible. «La prevención debe imponerse a la improvisación», advierten desde este sindicato, subrayando que «Ceuta necesita soluciones, no trasladar un problema de un lugar a otro».

Desde este sindicato también recuerdan que fue la propia Autoridad Portuaria de Ceuta la que inicialmente rechazó esta ubicación por considerarla incompatible con la normal explotación del puerto. Varios informes habían alertado de los riesgos legales y de seguridad de esta operación. Incluido el de Puertos del Estado, que si bien informó favorablemente por razones de interés general, reconoció que el dispositivo podría incrementar determinados riesgos para la infraestructura portuaria, las instalaciones críticas y sensibles y la propia operativa del puerto.

La resolución de Transportes contempla, incluso, solicitar a Interior los medios necesarios para reforzar la seguridad. La respuesta del Gobierno fue fue cesar al abogado del Estado que había advertido de estas circunstancias. El afectado, Alejandro Geronico, ha recibido el apoyo de la Nueva Asociación de Abogados del Estado que han visto con «honda preocupación» este cese ejecutado por el ministro Óscar Puente.

Ahora que el campamento está operativo, el SUP exigirá conocer y fiscalizar las evaluaciones de «riesgos, protocolos, efectivos y medios previstos para garantizar la seguridad de los policías destinados en un entorno especialmente sensible como el puerto de Ceuta».

«Nuestra obligación como sindicato no es esperar a que ocurra un incidente para lamentarlo, sino anticiparnos al riesgo y proteger a nuestros compañeros. La cautelarísima ha terminado, pero el recurso judicial y nuestra labor sindical de prevención continúan», sentencia.

Durante el traslado de los ilegales al puerto se registraron momentos de tensión. Los agentes tuvieron que realizar disparos al aire, con balas de fogueo, para contener la situación y neutralizar la turba de invasores que  salieron corriendo hacia el puerto para pasar de sus campamentos ilegales a un campamento oficial, donde disponen hasta de colchones nuevos, así como de comida y bebida a diario y libertad de horario durante el día.

OKDIARIO ha entrado con los invasores en el campamento recién estrenado. «Nos han surtido de todo, pero queremos ir a la península», sostienen los ilegales.