La Audiencia Nacional abre diligencias para investigar si la invasión de Ceuta fue organizada por un «grupo criminal»

La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas por la entrada masiva de ciudadanos procedentes de Marruecos en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026. La decisión responde a la denuncia presentada por el partido político Iustitia Europa, que atribuye a los hechos un cariz que podría constituir delitos contra la paz e independencia del Estado. El tribunal ha requerido a la Policía un informe para determinar si existió una organización criminal detrás de la entrada.

La magistrada María Tardón, titular de la Plaza nº 3, ha firmado. En él sostiene que los hechos denunciados presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal.

Por ese motivo, ha ordenado abrir diligencias con el fin de determinar la naturaleza de los hechos, las circunstancias en que se produjeron y las posibles responsabilidades derivadas de los mismos.

El origen del procedimiento se remonta al 30 de julio de 2026, fecha en la que Luis María Pardo, presidente y letrado de Iustitia Europa, presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional. En ella solicitaba investigar la posible comisión de delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.

La formación política ha considerado que la entrada masiva en Ceuta no podía calificarse como un fenómeno espontáneo, sino que debía ser objeto de una investigación judicial por sus posibles implicaciones para la seguridad nacional.

Pardo ha declarado tras conocer la resolución: «La Audiencia Nacional ha dado el primer paso. Ahora corresponde esclarecer quién organizó estos hechos, quién los facilitó y si España ha sido objeto de una actuación dirigida contra su integridad territorial, contra la seguridad de sus ciudadanos y contra la soberanía nacional.»

El dirigente ha añadido: «La seguridad nacional está por encima de cualquier interés político. Ceuta y Melilla no pueden quedar abandonadas porque son España.»

Informe policial

Como primera diligencia de investigación, el tribunal ha requerido a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a través de la UCRIF Central (la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales), un informe sobre la entrada irregular registrada en la ciudad autónoma durante esos dos días.

El auto exige que ese informe se pronuncie expresamente sobre si los hechos respondieron a una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal. También reclama los elementos de identificación de quienes hubieran podido participar en la entrada masiva.

Jurídicamente, la resolución se apoya en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite instruir diligencias previas cuando no están determinadas la naturaleza y las circunstancias de unos hechos ni las personas que intervinieron en ellos. El tribunal ha dado cuenta de la incoación al Ministerio Fiscal, paso previo antes de resolver sobre su propia competencia en el asunto.

Contexto y reacción europea

El expediente se enmarca en un episodio que ha tenido repercusión más allá de las fronteras españolas. Iustitia Europa ha querido resaltar, por la gravedad de lo ocurrido, la reacción de varios Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Italia, que han optado por imponer restricciones y controles a España en lugar de exigir responsabilidades al Reino de Marruecos, desde cuyo territorio se produjo, según la formación, el acto de agresión a la soberanía nacional española.

El partido denunciante ha calificado esta situación de paradoja inaceptable, al entender que los españoles no sólo han soportado las consecuencias de una actuación que afectó a su frontera y a su seguridad, sino que además han terminado pagando el coste político, económico y en materia de libre circulación.

Ceuta y Melilla han sido escenario en el pasado de otros episodios de entradas masivas en la frontera con Marruecos, situaciones que han reabierto periódicamente el debate sobre la gestión de las fronteras exteriores de España y de la Unión Europea, así como sobre la cooperación con las autoridades marroquíes en materia migratoria.

Con la apertura de estas diligencias, Iustitia Europa ha considerado que la Justicia reconoce la necesidad de investigar unos hechos de extraordinaria gravedad que afectan a la integridad de las fronteras españolas y al interés general. Así, ha quedado iniciado un procedimiento destinado a esclarecer la posible existencia de responsabilidades penales derivadas de lo ocurrido en Ceuta.

El expediente judicial, todavía en su fase inicial, dependerá en gran medida de lo que arroje el informe policial encargado a la UCRIF Central. Hasta que ese documento no llegue a la Audiencia Nacional, el tribunal no podrá pronunciarse sobre su propia competencia ni sobre el rumbo que tomará una causa que en la que alguien tendrá que responder por qué se consintió el asalto a la ciudad autónoma.