Vivas dice al juez que llamó 10 veces a La Moncloa los días previos a la invasión: «Sólo una vez me atendió Sánchez»

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha declarado este miércoles como testigo ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón. Ha sostenido que su Gobierno realizó diez intentos de aviso al Ejecutivo central en los días previos a la entrada masiva de personas desde Marruecos a finales de julio, y que solicitó la declaración de emergencia nacional sin obtener respuesta.

Fuentes judiciales indican que Vivas ha hecho una cronología desde el 25 de julio, que llamó al presidente Pedro Sánchez y le cogía el director de gabinete, primero. Ya el 30 le cogió, al fin, Sánchez, pero éste le remitió a Delegación de Gobierno. Avisó de que había un incremento de llegada de menas, que algo grave iba a ocurrir pero en Moncloa se limitaron a decir que era «una crisis humanitaria».

«He sido absolutamente transparente desde el primer día, he procurado ser honesto, y lo que he dicho desde el primer día es lo que le he dicho a su señoría», ha afirmado Vivas a la salida de la sede judicial en Madrid dos meses después de la invasión.

Según ha desvelado, desde la Presidencia de Ceuta se efectuaron diez llamadas y mensajes dirigidos a Moncloa los días 27 y 28. De esos intentos, sólo consiguieron hablar en tres ocasiones.

A pesar de la crisis que se venía encima, el presidente ceutí ha precisado que le derivaron a la Delegación del Gobierno. «El cauce de comunicación es la Delegación del Gobierno», le trasladaron.

Vivas ha lanzado además un reproche directo al Ejecutivo central: «Pedimos la emergencia nacional y no se hizo». A su juicio, había indicios suficientes para actuar antes de que se produjera la avalancha en la frontera.

«El Gobierno sabía que había un incremento de llegadas», ha asegurado el dirigente del PP, quien ha añadido que también se registraba un aumento de menores no acompañados. Aquella solicitud, ha dicho, «era una medida de alerta».

Avisos a Moncloa

El presidente de la ciudad autónoma ya había anunciado su intención de detallar en sede judicial todas las llamadas y alertas enviadas al Gobierno central antes de los hechos.

En esas intervenciones, Vivas se ha declarado el primer interesado en saber quién está detrás de lo que ha calificado como una «agresión a la integridad territorial». Con todo, se ha mostrado convencido de que el responsable es Marruecos.

El dirigente ha considerado impensable que las autoridades del país vecino desconocieran el desplazamiento de miles de personas hacia la frontera, un movimiento de semejante magnitud que difícilmente pudo pasar inadvertido.

La declaración de Vivas abre una semana decisiva en la instrucción. Este jueves está previsto que la magistrada escuche a Gonzalo Sanz, ex jefe de gabinete del dimitido delegado del Gobierno en Ceuta.

Sanz dimitió también, antes, después de que trascendiera que recibió mensajes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por WhatsApp. También mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia el 29 de julio, un día antes de los hechos.

La comparecencia del presidente ceutí se ha producido, además, apenas dos días después de la renuncia del ya ex delegado Miguel Ángel Pérez Triano. Este lunes anunció que abandona la política porque su familia «no se merece esta presión».

Informe del CENIF

La causa, que instruye Tardón en la Audiencia Nacional, investiga la situación que se vivió en la frontera del Tarajal, donde miles de personas trataron de alcanzar territorio español en medio del desorden y la confusión. Los hechos provocaron la muerte de al menos 83 personas.

Al asumir el caso, la juez apuntó a «permisividad» y a «una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos». Según su escrito, esa gestión «se evidencia a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos».

La magistrada acordó las declaraciones testificales una semana después de admitir la personación de Ceuta como acusación particular. Entendió que la ciudad autónoma fue «víctima directa e inmediata» de los «graves hechos» sucedidos en la frontera.

Un informe encargado por la propia Tardón al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional refuerza esa línea. El documento atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes «el guiado activo de la masa hacia los lugares de paso».

Los investigadores policiales señalan que hubo «planificación» tanto «previa» como «táctica». Advierten, además, de que lo ocurrido no fue «incidental», «ocasional» ni «espontáneo».

El CENIF apunta a la existencia de «una autoría intelectual anterior y otra material», vinculada a «funciones de seguimiento y control» de la operación.

Según la Policía, uniformados marroquíes habrían dado «indicaciones a las personas que cruzaron irregularmente la frontera para superar obstáculos». También habrían «organizado el acceso a la zona de vehículos de gran tonelaje con gran cantidad de inmigrantes».

El informe destaca asimismo la presencia de «agentes dinamizadores» sin uniforme, «de complexión fuerte o atlética». Su comportamiento, según los agentes, «no encaja con la dinámica de comportamiento de la masa que realiza la entrada y salida de territorio español».

Con la declaración de Vivas, la investigación ha sumado una nueva pieza al rompecabezas de lo ocurrido en la frontera. La juez deberá ahora contrastar su relato con el de quienes, desde la Delegación del Gobierno, recibieron aquellas llamadas.

La instrucción ya no sólo mira hacia el otro lado de la frontera. También examina qué ocurrió en los despachos de este lado. Si diez avisos terminaron en apenas tres conversaciones, la pregunta que queda en el aire es cuántas advertencias hacen falta para que una alarma deje de sonar en vano.