Ayuso cumple su promesa: pide a la Justicia “la inmediata disolución de la ocupación ilegal” de Sol

Isabel Díaz Ayuso ha cumplido su advertencia. La presidenta ha anunciado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid que la Comunidad presentará este mismo jueves un recurso contencioso-administrativo contra la inacción del delegado del Gobierno, Francisco Martín, ante la acampada de la Puerta del Sol. Solicitará además medidas cautelarísimas para «la inmediata disolución de esa ocupación ilegal».

Ayuso ha sido tajante en su intervención. Ha acusado al delegado de negarse a desalojar una acampada «que nunca se debió permitir» y ha pedido a los acampados que, como mínimo, despejen espacio suficiente para el paso de las ambulancias. «Ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes», ha añadido.

La presidenta ha explicado que la Asociación de Comerciantes e Industriales de Preciados, Sol y adyacentes ha escrito al Gobierno regional para advertir de que la acampada les está arruinando. En su réplica a la oposición, ha calificado a los acampados de «saltimbanquis con Macintosh».

Expira el plazo de 48 horas

El recurso llega después de que haya vencido el plazo que el Ejecutivo autonómico concedió al delegado. El martes, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, le remitió un requerimiento para que diera en 48 horas las instrucciones necesarias para desalojar la plaza. Advirtió de que, si no lo hacía, acudiría a los tribunales y no descartaba acciones penales.

La respuesta de la Delegación fue negativa. Martín se escudó en el «derecho fundamental de reunión» de los acampados y la Policía Nacional no ha entrado en Sol. El delegado se limitó a comprometerse a velar por la seguridad ciudadana.

El Gobierno regional sostiene que la concentración y la acampada permanente «están excediendo los límites constitucionales y legales» del derecho de reunión. Considera, además, que al delegado le corresponden obligaciones regladas e imperativas de prevención y vigilancia, «sin margen de apreciación ni discrecionalidad», para proteger personas, bienes e instituciones.

A ello suma los actos vandálicos y daños contra el patrimonio histórico-artístico de Sol. García Martín denunció pintadas y basura arrojada contra la fachada de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, un edificio con más de 250 años declarado Bien de Interés Cultural.

Un doble criterio que irá a los tribunales

El núcleo del recurso será, según el Ejecutivo madrileño, el distinto trato del delegado según dónde se proteste. Martín limitó el derecho de reunión frente a la sede del PSOE en Ferraz: en febrero de 2024 firmó una resolución que alejaba más de 150 metros una concentración contra el Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó esa decisión por vulnerar precisamente ese derecho. En Moncloa, la Delegación también fijó el final de la Marcha por la Dignidad del 23 de mayo lejos del palacio.

En Sol, en cambio, las tiendas llevan instaladas desde el pasado sábado. La acampada nació tras una manifestación por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Según la Delegación, aquella mañana había unas 500 personas y alrededor de un centenar de tiendas. El campamento llegó a superar las 300 tiendas.

El Ayuntamiento también reclama

La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha enviado a su vez un requerimiento al delegado, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya había acusado a la Delegación y a Interior de «dejación de funciones». Los comerciantes temen perder lo que perdieron con el 15M, que el consejero cifró en más de 90 millones de euros.