Una de las cabecillas de la acampada de Sol es miembro del «consejo asesor de expertos» del Gobierno en vivienda

Carmen Arcarazo, portavoz de la Confederación Estatal de Sindicatos de Inquilinas y una de las caras más visibles de la acampada por la vivienda, forma parte del autodenominado «consejo asesor» constituido por el Ministerio de Vivienda, en enero de este año, para «mejorar el diseño de las políticas públicas» en esta materia, en palabras de la ministra Isabel Rodríguez. Arcarazo lidera estos días las manifestaciones por el denominado «decreto Maricarmen», que tienen su epicentro en la Puerta del Sol de Madrid.

El «consejo asesor» del Ministerio de Vivienda -institucionalizado en el Boletín Oficial del Estado- está integrado por 37 entidades encargadas, según el Gobierno, de «analizar las políticas públicas y alcanzar acuerdos en las soluciones». Entre ellas figura Arcarazo en tanto «portavoz del Sindicat de Llogateras», la rama catalana del Sindicato de Inquilinas. También hay representantes de organizaciones de consumidores, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Consejo de la Juventud, los sindicatos UGT y CCOO, así como de constructores, promotores, arquitectos, registradores y agentes de la propiedad inmobiliaria.

Según la orden de creación, el «consejo asesor» está «integrado por personas expertas en el ámbito científico, técnico y académico» y «se configura como un órgano consultivo para las políticas estatales de vivienda cuya finalidad será la de asegurar la participación de los distintos agentes sociales en la elaboración y en el desarrollo de la política de vivienda». «El Consejo Asesor de Vivienda será el órgano colegiado, de carácter técnico, asesor y consultivo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en materia de programación estatal de la política de vivienda», se recoge textualmente en el BOE. El ministerio destaca además que se trata de «un instrumento clave» en materia de vivienda.

Está presidido por la ministra y sus funciones son «asesorar» al Gobierno sobre los planes estatales, «conformar un espacio de reflexión y diálogo de carácter técnico con los diferentes actores y sectores involucrados para abordar los desafíos sociales relacionados con la vivienda», proponer medidas para «asegurar el efectivo del derecho a la vivienda» y «avanzar en los grandes retos sociales, económicos y medioambientales de la vivienda en el marco de los tratados y normas nacionales e internacionales».

Este órgano se reúne dos veces al año y cuenta con cinco grupos de trabajo, sobre el Plan Europeo de Vivienda, «para la construcción de un parque de vivienda público y su blindaje con carácter permanente», «para atender el desafío de la vivienda en la España rural», «para el análisis de la ejecución del Plan Estatal de Vivienda a través de su modelo de cogobernanza» y «para la transparencia y los datos públicos en materia de vivienda».

Contratos indefinidos

Arcarazo, que también es portavoz del Sindicat de Llogateras -la rama catalana-, nació en 1996. Cursó un grado de Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de Ámsterdam, un posgrado en Gestión Urbana en la UNAM (México) y un máster en Estudios Urbanos por la Universidad Autónoma de Barcelona. En su currículum destaca el bachillerato en Colegios del Mundo Unido (United World College-UWC), a la que pertenece el centro de Gales en el que han estudiado la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Ahora, es la cara visible de las exigencias al Gobierno socialista, entre las que destacan los «contratos indefinidos» de alquiler y la indemnización al inquilino en el caso de que no se prorroguen. Una medida que precisamente figura ahora en el decreto que se ha publicado este jueves en el BOE, y que obliga a que, una vez finalizado el plazo mínimo obligatorio de duración de un contrato de alquiler de cinco (para particulares) o siete años (para empresas), se prorrogue automáticamente por bloques de la misma duración. En el caso de que no sea así, el propietario deberá indemnizar al inquilino con un año entero de renta. Arcarazo avisó estos días al Gobierno que no aceptarán «migajas» en los decretos y animó a la ciudadanía a sumarse a una huelga general.

Cuchillos entre los acampados

Entre tanto, centenares de personas permanecen acampadas en la Puerta del Sol, lo que está provocando numerosas quejas de los comerciantes ante la pasividad de la delegación del Gobierno. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha interpuesto este jueves un recurso contencioso-administrativo en el que solicita la adopción de medidas cautelarísimas y que se ordene el desalojo inmediato.

La Comunidad de Madrid sostiene que la protesta «excede claramente los límites constitucionales y legales del derecho de reunión» y que corresponde al delegado de Gobierno «la prevención y vigilancia» y «garantizar la protección de las personas, los bienes e instituciones». También destaca que la acampada provoca una «afección física y directa» a la Real Casa de Correos y la escultura del Oso y el Madroño, después de que personas hayan «trepado» a la fachada, ejercido «peso y tirones» sobre elementos arquitectónicos, hayan hecho «pintadas y grafitis» y se haya ocupado «totalmente» la plaza.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que la acampada no es pacífica y ha denunciado la presencia de «adoquines y cuchillos de grandes dimensiones» en el interior de las tiendas de campaña. El Ayuntamiento ha remitido un informe con fotografías a la delegación del Gobierno, advirtiendo de la «clara amenaza a la seguridad ciudadana».