Escraches, lonas gigantes y bichos vivos, el acoso del Sindicato del ‘marquesito’ a los dueños de Urbagestión

Los administradores de Urbagestión, Fernando y Ricardo Alonso, aseguran que el desahucio de Maricarmen Abascal ejecutado el pasado miércoles 23 de septiembre desencadenó una campaña de hostigamiento que fue mucho más allá de la protesta. Según el relato ofrecido por ambos en una entrevista con OKDIARIO, ese mismo miércoles por la mañana detectaron que no se trataba de un lanzamiento más.

«Esa misma mañana ya nos damos cuenta que está pasando algo más que un desahucio normal. Empiezan a atacarnos los sistemas informáticos, las comunicaciones a saturar con llamadas y mensajes y sobre todo con amenazas de todo orden», explican.

El colapso, aseguran, fue total al mediodía. La saturación de líneas les impedía incluso comunicarse con su abogada, que también estaba recibiendo cientos de llamadas. Ante las amenazas directas a la plantilla, tomaron la decisión de cerrar la oficina de Madrid y enviar a todos los trabajadores a casa.

El segundo escalón, denuncian, fue el señalamiento personal. Fernando Alonso relata que en perfiles del Sindicato de Inquilinas que lidera Fernando de los Santos Menéndez se publicaron fotografías de su mujer y de sus hijos junto a su nombre y apellidos completos y con indicaciones sobre qué hacer.

«Esto para mí fue lo que más me preocupó. Lo que más temíamos también era la integridad de nuestros trabajadores y la nuestra propia», afirma. Sobre todo, apunta, porque ya meses atrás algunos periodistas afines al Gobierno difundieron de forma intencionada direcciones, correos electrónicos y teléfonos de los administradores y de la empresa: «La Ley de Protección de Datos volada por los aires», denuncian.

El hostigamiento se trasladó al plano físico el viernes. Tras publicarse la ubicación de su segunda sede, en Valladolid, aseguran que se organizó un escrache frente a sus oficinas. «Nos organizan un escrache en la puerta con unas 500 personas. Para ser un movimiento espontáneo, suena extraño», señalan. Durante esa concentración, según su testimonio, se colgó una lona de grandes dimensiones señalándoles como responsables del desahucio.

Fue, en su versión, el elemento central de la protesta junto a las pancartas. Ese mismo día, en Madrid, la oficina ya permanecía cerrada por seguridad. Los hermanos Alonso describen también el envío de una caja con cucarachas vivas a la oficina como método de intimidación.

«Incluso mandaron cajas de cucarachas vivas a la oficina para amedrentar. La ministra de Vivienda ha seguido el juego a esta gente que nos ha mandado bichos vivos», relatan, enmarcándolo en lo que consideran una estrategia de criminalización previa.

«Primero se criminaliza a alguien para justificar que vas a ir a por alguien a machacarlo civilmente. Hay que inventar el bulo absolutamente exagerado. Decir que eres una empresa que no es una empresa, eres un fondo y además un fondo buitre», explican.

El tercer frente, según Urbagestión, fue el boicot económico. Denuncian que se rastrearon sus datos mercantiles y se contactó con clientes y con sociedades donde Fernando Alonso ejerce como secretario y asesor jurídico.

«Buscaron webs, a mis clientes y trataron de amedrentarlos. Muchos clientes se asustaron y dijeron que tenían que romper la relación comercial», afirman. El caso más grave que citan es el de una bodega en El Bierzo:

«Masivamente le empiezan a causar un daño inaudito. Lo primero que les comunico es que tienen mi cese en esa sociedad como asesor. Esto lo repito en varias sociedades ya por carácter preventivo. Pido perdón a todos ellos por los daños que todo esto ha podido ocasionarles», explica.

Urbagestión, que se define como una pyme de dos abogados y siete empleados con una única vivienda en propiedad, sostiene que ya hace casi un año interpuso un acto de conciliación por ataques al honor que derivó en una querella que sigue viva en un Juzgado de lo Penal de Madrid.

«Si siguen alimentando esta situación, esa querella irá a más», advierten. Pese a denunciar este acoso, fueron ellos, según su versión, quienes el viernes por la mañana contactaron con la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid para buscar una solución que permitió el regreso de Maricarmen a la vivienda con un contrato social de 500 euros.