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La empresa de limpieza de Palma despedirá a tres trabajadores que robaban objetos de la venta ambulante

Se quedaban con ropa y otros objetos decomisados por la Policía Local a los manteros

Fueron detenidos acusados de apropiación indebida y falsificación de documento oficial

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Un trabajador de Emaya limpia la calle.
Indalecio Ribelles
  • Indalecio Ribelles
  • Redactor OKDIARIO en Baleares, información local de Palma, social y política en general. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

La empresa municipal de limpieza de Palma (Emaya) despedirá a los tres trabajadores que robaban objetos incautados por la Policía Local de la venta ambulante. Así lo ha confirmado este miércoles el gerente de Emaya, Llorenç Morey, en una rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento de Palma para detallar el plan de esta compañía pública palmesana para las inminentes pascuas navideñas.

El pasado 27 de noviembre la Policía Nacional arrestó a dos trabajadores de Emaya por, presuntamente, quedarse con ropa y otros objetos decomisados por la Policía Local a vendedores ambulantes y en diversas intervenciones.

Estos dos trabajadores, junto con un tercero que también ha sido imputado de un delito leve, han sido acusados de los posibles delitos de apropiación indebida y falsificación de documento oficial, ya que falsificaban las actas de los objetos incautados por los policías para poder quedarse con ellos.

Todo arrancó el pasado mes de septiembre, cuando la Policía Local de Palma inició una investigación al detectar estos hechos delictivos en dos empleados de un departamento municipal que se encargaban de recibir los efectos decomisados por los agentes en diferentes actuaciones en la capital balear, redactar el acta correspondiente y proceder a su destrucción.

El género que se quedaban ilícitamente los arrestados eran prendas de ropa y otros objetos procedentes de la venta ambulante y diversas intervenciones.

Una vez concluida la investigación, la Policía Local traspasó las actuaciones a la Policía Nacional, concretamente el Grupo de Investigación de la Comisaría de Playa de Palma, quien se hizo cargo de las actuaciones.

En noviembre agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos de los empleados por la comisión de los delitos de apropiación indebida y falsificación de documento oficial, y el tercer trabajador fue imputado por un delito leve.

Por otro lado, el regidor de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Espacios Naturales y Bienestar Animal, Llorenç Bauzá, ha confirmado que Emaya recurrirá la readmisión de unos trabajadores, vinculados al sindicato USTE, que habían sido despedidos por acoso laboral y revelación de secretos.

Este martes, el sindicato CCOO había pedido el cese o la dimisión de la dirección de la empresa municipal de Emaya si finalmente no recurría la sentencia en primera instancia que declaró nulo el despido del principal representante del sindicato USTE.

La anterior dirección socialista de la compañía lo acusó, sin base alguna para ello según el fallo judicial, de haber filtrado para beneficiar a los afiliados a su sindicato respecto al resto de trabajadores de la empresa, la forma de puntuar el acceso a las plazas de oferta pública de la empresa, con el fin de obtener la titulación requerida con antelación a la publicación de las bases.

En un comunicado CCOO advirtió a la actual dirección del PP que «si cede al chantaje ejercido por la ultraderecha, cambiando de criterio sin ninguna razón ni argumento jurídico que lo sustente, respecto a cómo ha venido actuando con el resto de los trabajadores, deberá ser calificada como de irresponsable, y desde luego, CCOO pedirá la dimisión de toda la dirección»,  señaló la central en una nota de prensa.

El sindicato argumentaba que, de no haber sido así, sería la primera vez que Emaya no interpone recurso de suplicación ante la sala de los Social del Tribunal de Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), para salvaguardar los intereses de la empresa, pese a que el juez ha considerado nulo el despido del representante sindical al haber vulnerado la empresa derechos fundamentales.

CCOO acusaba además a la dirección de la empresa pública de beneficiar a los «matones» que fueron despedidos por «hostigar a otros trabajadores», si bien Vox había pedido no recurrir esta sentencia de primera instancia.

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