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Vox exige al PP que investigue los despidos sindicales que ejecutó la dirección del PSOE en Emaya

Reclama la readmisión de hasta tres sindicalistas de la central USTE expulsados la pasada legislatura

Insta al gobierno municipal a evitar actuaciones similares a las sufridas por policías locales y funcionarios

Vox Emaya
Los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Gari Durán y Fulgencio Coll.
Indalecio Ribelles
  • Indalecio Ribelles
  • Redactor OKDIARIO en Baleares, información local de Palma, social y política en general. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

Vox exige al PP que investigue los despidos sindicales que ejecutó la anterior dirección del PSOE en la empresa municipal de aguas, limpieza y alcantarillado (Emaya) del Ayuntamiento de Palma.

Unos ceses que afectaron a la cúpula del sindicato USTE, el de mayor representatividad en la compañía, tres de cuyos integrantes fueron expulsados la pasada legislatura tras denunciar múltiples irregularidades que los juzgados después confirmaron.

La iniciativa de Vox se produce tras conocerse la sentencia del Juzgado de lo Social número cinco que condena a Emaya por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical y que, entre otras cuestiones, le obliga a readmitir al presidente del citado sindicato, despedido hace un año.

Ante esta situación el número uno de Vox en el Ayuntamiento de Palma, el concejal Fulgencio Coll, ha presentado una moción para el pleno del próximo día 21 de diciembre en la que exige al gobierno municipal investigar las actuaciones llevadas a cabo por Emaya relativas al sindicato USTE.

En segundo lugar insta a la actual dirección presidida por el concejal del PP, Llorenç Bauzá, a readmitir a los tres sindicalistas vista la primera sentencia favorable  a uno de ellos, y mantener la presunción de inocencia en las dos causas que aún están en trámite, pendientes de sentencia.

Vox recuerda que durante la pasada legislatura presentó varias iniciativas y proposiciones en los plenos, por considerar impropia la actuación de Emaya contra este sindicado independiente, llegando a pedir la reprobación del ya hoy ex concejal socialista de Medio Ambiente, Ramón Perpinyà, y el cese del anterior gerente.

«Es necesario proteger a los sindicatos independientes y evitar actuaciones similares a las sufridas por los policías locales y funcionarios», indica el edil Coll. En su propuesta Vox recuerda que, en junio 2022, la dirección de Recursos Humanos remitió al sindicato USTE el borrador de un reglamento interno que regulaba las relaciones entre el equipo directivo y la empresa, al objeto de introducirlo en el convenio colectivo como anexo y dotarlo de fuerza de ley.

El sindicato comunicó que este reglamento debía de plantearse en el marco de la negociación colectiva y ser aprobado en asamblea de trabajadores, como así establece la normativa de régimen interno, no firmando el acuerdo.

Una normativa que establecía que los directores mediante un proceso de estabilización interno pasaban a ser jefes de departamento de carácter fijo (pese a haber sido nombrados mediante el procedimiento de libre designación) no pudiendo ser despedidos durante un año en caso de ser cesados de sus cargos directivos.

El reglamento debía entrar en vigor antes de las elecciones municipales de mayo de 2023. La dirección del sindicato considera, tal y como expone Vox en su moción, que fue la negativa a no validar el reglamento del equipo directivo durante el mes siguiente de julio 2022, lo que llevó a la dirección de recursos humanos de Emaya a abrir los expedientes de despido de tres miembros del sindicato USTE.

Además Vox recuerda que otros sindicalistas de USTE sufrieron presuntas amenazas y coacciones y estuvieron de baja laboral durante seis meses. Por si fuera poco, a los sindicalistas despedidos se les prohibió el acceso a las instalaciones de la empresa y centros de trabajo, así como el ejercicio de funciones sindicales y de asistir a las reuniones de las comisiones negociadoras.

Todo ello obviando el derecho de los sindicalistas dado que en procesos judiciales de despido en trámite, la empresa no puede impedir su participación en procesos electorales, en la negociación colectiva y otras cuestiones de importancia transcendental, hasta que no haya sentencia firme. 

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