Baleares pone punto y final a la discriminación del castellano en las pruebas de Selectividad

Cinco días después de perder las recientes elecciones autonómicas  la ahora presidenta socialista del Govern en funciones, Francina Armengol, y pese a que aun no ha tomado posesión del cargo la presidenta electa del PP balear, Marga Prohens, defensora de la libre elección de lengua, Baleares pone punto y final a la discriminación del castellano en las Pruebas de Bachillerato de Acceso a la Universidad (PBAU, la antigua Selectividad.

A cuatro días de que arranquen estos exámenes, y antes de que la Justicia se pronuncie y falle sobre la denuncia presentada por la entidad educativa PLIS Educación por favor,  que lucha por un bilingüismo real en la enseñanza en las Islas, la dirección de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) ha informado que, en las pruebas que se iniciarán el próximo martes, en el momento de la entrega de los exámenes se le dará la opción a cada alumno de elegir el idioma que desee (catalán o castellano).

Hasta la fecha, las instrucciones de la UIB para el reparto de los exámenes en esta comunidad autónoma fijaban que se darían los enunciados y protocolos en catalán, y que sólo se facilitarían ejemplares en castellano a aquellos alumnos que lo soliciten expresamente.

PLIS interpuso el pasado 18 de mayo ante el TSJB un recurso contencioso por vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y la educación recogidos en los artículos 14 y 27 de la Constitución, al considerar las instrucciones lingüísticas de la UIB discriminatorias y perjudiciales para unos estudiantes de las Islas que se veían obligados a exponerse públicamente si optaban por el castellano.

También solicitó la suspensión cautelarísima de las instrucciones de reparto.

Las pruebas de acceso a la universidad se realizan en Baleares los días 6, 7 y 8 de junio.

Hasta ahora, la comisión organizadora disponía de una versión en castellano de los enunciados de cada examen que sólo se entregaba a los alumnos que lo pedían.

Independientemente del idioma de los enunciados, los estudiantes que se presentan pueden contestar en castellano o catalán en aquellas materias que no son del ámbito lingüístico.

De este modo se busca garantizar que los estudiantes puedan realizar las pruebas sin variaciones organizativas que puedan afectar su rendimiento.

Societat Civil Balear, que ha prestado la asesoría jurídica a PLIS, por medio de los oficios del letrado Pablo Recoder Monasterio, también se ha mostrado satisfecha, aunque ha lamentado que «haya que pelear siempre en los tribunales los derechos más elementales, en vez de obtenerlos de forma generosa, sin gastar dinero ni tiempo».

Hay que recordar que en 2021, dos días antes de las pruebas de acceso a las universidades de Cataluña, el TSJC dictó, a solicitud de la Asamblea para una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), un auto en el que ordenaba repartir en las mismas condiciones los ejercicios en castellano y en catalán a los alumnos que realizaban las pruebas.

La entidad docente denunciante también remitió una carta al Ministerio de Educación, al Defensor del Pueblo y a todos los miembros del Consejo Escolar de Estado, reseñando las diferencias que evidencian la desigualdad de la selectividad dependiendo de la comunidad autónoma, tanto en contenidos como en criterios de corrección, así como la vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos en los territorios bilingües que no reciben los enunciados en las dos lenguas oficiales.