El Ayuntamiento de Palma no ha abierto la Oficina Antiokupación que el pleno aprobó hace casi un año

El Ayuntamiento de Palma no ha abierto aún la Oficina Antiokupación que el pleno aprobó y avaló hace casi un año con los votos a favor del gobierno en minoría del PP y el visto bueno de sus socios programáticos de Vox desde la oposición.

Un nuevo servicio municipal recogido en el acuerdo programático firmado el pasado verano por las dos formaciones, que Vox ya reclamó al anterior gobierno de izquierdas desde 2019 sin resultado alguno, y que aún sigue sin ponerse en marcha.

Y eso que su coste iba a ser mínimo para las arcas municipales, si tenemos en cuenta que estaba contemplado que fuese una prestación más de la actual Oficina Antidesahucios. Un ente público municipal que se mantendrá activo pero habilitando un apartado para asesoramiento e información de los propietarios afectados por esta lacra social.

El punto 104 del acuerdo programático suscrito a nivel autonómico entre ambos partidos recoge la creación de la citada Oficina de Defensa de Víctimas de la Okupación, con un teléfono de atención permanente para el asesoramiento y acompañamiento de todas las personas afectadas por la okupación ilegal de su propiedad, con el compromiso adicional de facilitar ayudas asistenciales y económicas.

Pese a las promesas realizadas en estos momentos, la citada oficina municipal no se ha puesto en marcha. «Estoy realmente sorprendido. Por algo dije en su día que no progresan adecuadamente. Estamos disgustados», lamenta el concejal y líder del partido de Santiago Abascal en Palma, Fulgencio Coll.

Pese a no haberse habilitado en este primer cuarto de la legislatura esta importante prestación municipal a las víctimas de la okupación, PP y Vox siguen defendiendo la necesidad de hacer frente a este problema social como así lo califican tres de cada cuatro españoles, según el estudio Los españoles ante la okupación de la vivienda en España.

Por ello, en el último pleno del pasado mes de julio ambos partidos  aprobaron desarrollar un protocolo que marque las actuaciones a realizar por la Policía Local de Palma ante las okupaciones de inmuebles particulares.

El equipo de gobierno presidido por el alcalde del PP, Jaime Martínez, considera vital impulsar mejoras en la Policía Local y en el departamento de Vivienda y Urbanismo para la gestión de los casos de okupación, otorgando herramientas eficaces a los agentes para el control y actuación en este ámbito, y al mismo tiempo apoyar políticamente sus actuaciones.

En esa misma iniciativa que fue rechazada por la oposición de izquierdas, que nunca da apoyo a ninguna moción contra los okupas, se indica que actualmente el Ayuntamiento está trabajando en la creación de esa oficina municipal que «proporcionará a los ciudadanos, entre otros, herramientas y asesoría ante la okupación ilegal».

Pero, pese al compromiso por escrito del gobierno en minoría del PP para su puesta en funcionamiento, a día de hoy el único servicio que funciona en la Oficina Antidesahucios es el de la prevención, intervención y mediación en situaciones de urgencias sociales, derivadas de situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda por insolvencia sobrevenida y afectadas por desahucios.

Y ello pese a que el concejal de Urbanismo, Óscar Fidalgo, se comprometió en el pleno celebrado a finales del pasado mes de abril a que la Oficina Antiokupación de Palma estaría abierta antes del 1 de julio porque, de hecho, en ese pleno de la primavera pasada se aprobó una nueva propuesta de Vox que fijaba esa fecha para su entrada en funcionamiento.

Es más, Fidalgo definió el cometido que iba a tener, que incluía desde informar a los ciudadanos de todas las circunstancias que afectan a la vivienda, incluyendo al alquiler turístico, junto al asesoramiento a los propietarios de pisos con okupas. Pero, a fecha de hoy, toca seguir esperando.