Baleares

Los inmigrantes ilegales serán excluidos de los beneficios fiscales por nacimiento que da Baleares

Se aplicarán bajo "el criterio de prioridad nacional y excluyendo a quienes no tengan residencia legal en España"

Acuerdo PP-Vox en el Parlament que será trasladado al Govern de Marga Prohens

pp vox nacimiento
Sebastià Sagreras (PP) y Manuela Cañadas (Vox).
Tomas Ibarz

La Comisión de Hacienda y Presupuestos ha solicitado al Govern que incremente el importe de las deducciones y bonificaciones autonómicas vigentes por nacimiento o adopción de hijos y que excluya de las mismas a las personas sin residencia legal en España.

Así lo recoge una proposición no de ley (PNL) de Vox aprobada este martes con los votos a favor de PP y Vox, según ha informado el Parlament en una nota de prensa.

Entre otras medidas, la iniciativa reclama al Ejecutivo garantizar que estas deducciones y bonificaciones se apliquen bajo «el criterio de prioridad nacional y excluyendo a quienes no dispongan de residencia legal en España».

Un ejemplo claro de los beneficios fiscales que da Baleares por nacimiento es el conocido como cheque bebé.

La deducción que pueden cobrar los padres desde 2024 es de 800 euros por nacimiento del primer hijo, 1.000 euros por el segundo, 1.200 euros por el tercero y 1.400 euros por el cuarto y siguientes.

La novedad de esta medida es que los padres no tendrán que esperar a la declaración del IRPF del año siguiente para desgravarse estas ayudas, sino que podrán acogerse al pago anticipado, una medida pionera  y una de las grandes promesas del programa electoral de Marga Prohens con el apoyo permanente de Vox en este asunto.
Este acuerdo PP-Vox amplía la serie de cumplimientos que Marga Prohens tenía con Vox tras permitir los de Santiago Abascal la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2025. Vox reclamaba al PP ponerse al día y en las últimas semanas se ha acelerado el proceso.
El PP está pisando el acelerador en estas últimas semanas para satisfacer las reclamaciones de Vox tras la derogación de la Ley de Memoria Democrática de la semana pasada y el acuerdo para rebajar el requisito del catalán en distintos puestos de la Función Pública de la Administración balear.

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