El Ayuntamiento de Palma mantiene el servicio de ayuda a domicilio sin contrato desde hace cuatro años

Se ha demostrado que la gestión no es la prioridad del equipo de gobierno de socialistas, independentistas de Més y Podemos en el Ayuntamiento de Palma, con el alcalde José Hila al frente, que ha aprobado la enésima prórroga del servicio de ayuda a domicilio adjudicado nada más aterrizar en el poder municipal la pasada legislatura, en concreto en 2015, por un año prorrogable a otro más y que en octubre de 2017 agotó todas las prórrogas extraordinarias previstas.

Pese a ello, el adjudicatario mantiene la gestión de esta prestación municipal desde 2021, gestionada mediante concierto con el Govern, y percibe los 5,5 millones anuales por los que se adjudicó el contrato, por decisión del teniente de alcalde de Bienestar Social, el independentista Antoni Noguera, en una forma de proceder que el interventor municipal califica en un duro informe como «nula de pleno derecho».

Todo ello después de que Noguera haya avalado otro aplazamiento más de la salida a concurso del servicio, de forma que el adjudicatario seguirá al frente del mismo, como mínimo entre junio y noviembre del presente año.

El concesionario (Servisar), por su parte, ya ha comunicado al gobierno municipal, la decisión de no seguir haciéndose cargo del mismo, por su nula rentabilidad económica, que se ha traducido en unas pérdidas de 2,5 millones de euros en los últimos tres años, por lo que baraja la aplicación de un ERTE en una plantilla de 70 empleados.

El interventor en un demoledor informe deja claro que todas estas prórrogas extraordinarias «son nulas porque se ha vulnerado su procedimiento legal establecido».

En este sentido, subraya que la prestación continuada del mismo, sólo puede obedecer a una contratación verbal que está prohibida a todos los efectos y, por tanto, se trataría de «un acto nulo de pleno derecho».

Tras instar a iniciar un procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, advierte a funcionarios y políticos de la Concejalía de Noguera que «las autoridades y el personal al servicio de las administraciones públicas que contraten verbalmente pueden incurrir en una responsabilidad civil por los daños y perjuicios que puedan causar en la Administración» y subraya que «también puede haber una responsabilidad disciplinaria, contable y penal por prevaricación».

El edil independentista justifica la última ampliación por el carácter básico del servicio procediendo a la tramitación de la prórroga extraordinaria de este contrato, sin contar con la aceptación de la entidad adjudicataria, a la que está colocando al borde de la ruina.