exclusión social

La dejadez del edil secesionista de Palma pone en jaque a 400 usuarios del servicio social a domicilio

El concesionario anuncia un ERTE a la plantilla de 70 trabajadores por las pérdidas de estos tres últimos años

UGT denuncia la "inoperancia" del Ayuntamiento que prorroga desde hace cinco años la concesión sin subir el presupuesto

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Palma servicio a domicilio
Una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio atiende a una usuaria.

La dejadez del edil secesionista de Palma, Antoni Noguera (Més per Mallorca), responsable del área de Bienestar Social pone en jaque a 400 usuarios del servicio de asistencia a domicilio para personas vulnerables y necesitadas, y a 70 trabajadores de la empresa concesionaria Servisar-Domusvi, que ha comunicado ya al gobierno municipal la decisión de no seguir haciéndose cargo del mismo, por la nula rentabilidad económica que se ha traducido en unas pérdidas de 2,5 millones de euros en los últimos tres años, por lo que baraja la aplicación de un ERTE a sus empleados.

Desde el sindicato UGT Servicios Públicos se criticó hoy la «inoperancia» del Ayuntamiento de Palma que mantiene desde hace cinco años al adjudicatario mediante una prórroga forzosa de la concesión.

El gobierno de coalición de socialistas, nacionalistas y Podemos, publicó en febrero una nueva licitación que retiró, posteriormente, el 1 de abril por un defecto en los cálculos económicos y Servisar-Domusvi ha comunicado al personal que se «ve obligada a tomar medidas extremas», como la aplicación de un ERTE, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y el descuelgue del convenio colectivo.

UGT Servicios Públicos ha considerado «inadmisible» la situación a la que el Ayuntamiento de Palma aboca a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, que ha añadido el sindicato, «han sido personal esencial y de apoyo para las personas dependientes durante la pandemia».

Desde el sindicato han apuntado que, «para no proceder a la subida salarial que corresponde a la plantilla», la empresa Servisar ha alegado unas pérdidas económicas de 2,5 millones de euros en los últimos tres años y ha insistido en que con el cobro del precio hora de 2017 no le «sale a cuenta» realizar la ayuda a domicilio en Palma.

Las 70 trabajadoras que atienden a las personas vulnerables de Palma «llevan años con el sueldo congelado porque las subidas salariales del convenio autonómico de ayuda a domicilio están vinculadas al IPC», han explicado desde UGT.

Con todo, la central ha subrayado que el personal del servicio de ayuda a domicilio de Palma teme por su «futuro laboral y económico» y ha considerado «injusto» que le cambien las condiciones de trabajo, sobre todo, a mujeres que llevan más de 20 años cuidando de las personas dependientes de Palma.

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