El alcalde socialista de Palma gasta 120.000 euros en detectives para investigar a los barrenderos

El alcalde del PSOE de Palma, José Hila, gastará 120.000 euros en la contratación de una agencia de detectives para investigar a los barrenderos municipales y al resto de empleados de la empresa pública de limpieza, Emaya.

El presidente de esta compañía, el concejal socialista de Medio Ambiente, Ramon Perpinyà, después de reactivar en enero del año pasado el contrato firmado en 2020 para este fin y de abrir expedientes incluyendo despidos a no pocos trabajadores, ha vuelto a sacar a concurso la contratación de este servicio de investigaciones privadas.

El objetivo, como se especifica en la licitación, es obtener información y pruebas sobre conductas o hechos contrarios a la buena fe contractual que afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, personal o social de la empresa.

Es un contrato de un año con cuatro prórrogas anuales adicionales, que entrará en vigor el 2 de junio y que Perpinyà, que no seguirá al frente de la compañía tras las elecciones municipales del 28M, justifica por el elevado número de trabajadores de la plantilla (más de 1.300), y por el hecho de que la mayoría de ellos prestan sus servicios en la vía pública de manera itinerante y sin supervisión continúa de su responsable directo.

Según Perpinyà, esto provoca que «ante indicios fundamentados de incumplimientos laborales sea necesario llevar a cabo una investigación para obtener información y pruebas concluyentes de las actividades contrarias a la buena fe y diligencia contractual que puedan producirse».

El precio por jornada de investigación (ocho horas), desplazamientos, elaboración del informe de investigación y edición de fotos y video se fija en 500 euros.

Emaya también establece que la media de jornadas que requiere la redacción de un expediente de investigación de esta naturaleza es, aproximadamente, de entre tres y cuatro horas. A su vez se contempla la realización de medias jornadas a mitad de precio, junto a la asistencia de los detectives a eventuales ratificaciones judiciales, por lo cual se asigna 250 euros por cada asistencia a tribunales.

Teniendo en cuenta la experiencia del año pasado, el número de expedientes anuales estimados que Emaya prevé abrir está entre 10 y 13, y dos ratificaciones judiciales.

En caso de que la demanda de servicio de investigaciones privadas por parte de los responsables y trabajadores de Emaya sea superior a la prevista, y se necesiten o se estimen necesarias más jornadas, informes o asistencias a juicio de los previstos inicialmente, se podrá incrementar el importe del contrato hasta un máximo del 20% del precio inicial.

El despacho de investigadores a los que se le adjudique el servicio tendrá que disponer de dos detectives privados con licencia en ejercicio.

El detective titular deberá de tener un mínimo de cinco años de experiencia y de antigüedad en la empresa, y el de soporte, un mínimo de dos años.

Se considera que las tareas de los detectives son críticas para la ejecución del contrato, y no podrán ser objeto de subcontratación. En consecuencia, los detectives tendrán que pertenecer a la empresa adjudicataria.

Hasta la fecha, aunque han sido despedidos por supuestas bajas fraudulentas diferentes trabajadores del servicio municipal de limpieza de Palma, los tribunales no han dictado sentencia sobre la legalidad de la medida laboral adoptada por la dirección socialista de Emaya.