La ‘suerte’ judicial del PSOE de Andalucía: suspenden las citaciones por Faffe por la salud del juez

El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha suspendido una nueva ronda de comparecencias previstas para este martes, 25 de marzo de 2025, en el marco de la investigación por presunta malversación en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), una entidad pública dependiente de la Junta de Andalucía vinculada históricamente al PSOE y a sus fiestas en prostíbulos. Fuentes judiciales han confirmado que la decisión responde a problemas de salud del juez instructor, José Ignacio Vilaplana, lo que ha paralizado temporalmente el avance de una causa que acumula años de pesquisas y señalamientos sobre irregularidades en la gestión de fondos públicos.

Entre los citados para declarar este martes como investigados figuraban Manuel Villén Rueda y Ana Valls. Villén Rueda, hermano del ex director general técnico de Faffe, Fernando Villén, ocupó el cargo de director de Administraciones Públicas en la fundación durante el mandato de su familiar. Fernando Villén, por su parte, ya fue condenado en una pieza separada del caso por el uso indebido de tarjetas bancarias de la entidad en clubes de alterne. Por su lado, Ana Valls, ex directora económico-financiera de Faffe, también arrastra una condena en la misma causa de las tarjetas y había sido convocada inicialmente el pasado 11 de marzo, aunque su comparecencia se pospuso hasta esta fecha ahora suspendida. El juzgado deberá reprogramar estas declaraciones, sin que por el momento se haya fijado un nuevo calendario.

La investigación, que se remonta a años atrás, se centra en las supuestas irregularidades cometidas por la cúpula de Faffe entre, al menos, 2008 y 2010. En un auto dictado el pasado 29 de enero, el juez Vilaplana ordenó la citación de 21 personas como investigadas durante los meses de marzo y abril, señalando indicios de delitos de prevaricación administrativa y malversación. Según el magistrado, la fundación habría adjudicado contratos a proveedores de manera «arbitraria e injustificada», recurriendo a procedimientos simplificados y directos que vulneraban los principios de publicidad, libre concurrencia y transparencia exigidos en la contratación pública. El importe total de los contratos presuntamente irregulares ascendería a 9.465.332 euros, conforme al análisis realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Subvenciones bajo sospecha

El juez también ha puesto el foco en la gestión de las subvenciones recibidas por Faffe, principalmente provenientes de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). En el auto de enero, se solicitó a la Dirección General del SAE un informe detallado sobre las ayudas concedidas a la fundación entre 2007 y su liquidación en 2011, así como los expedientes de reintegro iniciados por posibles irregularidades.

Asimismo, se requirió información sobre las deudas de Faffe que pudieran haber sido asumidas por el SAE tras su extinción. Según el instructor, existen indicios de que las justificaciones de estas subvenciones se habrían falseado mediante contrataciones ficticias, permitiendo imputar gastos por servicios no prestados.

Contratación irregular de personal

Otro eje de la investigación es la contratación de personal por parte de Faffe, donde se habrían detectado al menos 84 incorporaciones sin respetar los principios de mérito, capacidad, publicidad ni concurrencia. El juez apunta a que estas contrataciones, realizadas de forma discrecional y sin procedimiento alguno, podrían haber respondido a favores políticos o intereses personales. Además, se sospecha que algunos de los contratados carecían de la cualificación necesaria y que se crearon puestos ad hoc para justificar su permanencia y el cobro de salarios y prestaciones. ¿Recuerdan a Carmen Ibanco, la mujer de Juan Espadas? Pues ella está entre estos 84 presuntos enchufados en Faffe.

En el auto, el magistrado subraya que los responsables de Faffe habrían actuado «al margen del procedimiento legalmente establecido», lo que refuerza las acusaciones de opacidad y abuso de poder en la gestión de la fundación. La UCO continúa recopilando documentación, tras las órdenes del juez de requerir datos al SAE y a la Tesorería General de la Seguridad Social sobre la contratación de diez personas específicas vinculadas al caso.

La suspensión de las comparecencias supone un nuevo revés en un procedimiento que lleva años destapando presuntas corruptelas en una entidad pública ligada al PSOE andaluz, en un contexto político ya marcado por otros escándalos como el de los ERE. Aunque el motivo de la paralización es ajeno a las partes implicadas, la demora beneficia indirectamente a los investigados, que ven pospuesta su obligación de rendir cuentas ante la justicia.