El PSOE andaluz se corona rey del bulo: «Todas las ayudas a trabajadores en los ERE fueron correctas»

El PSOE de Andalucía insiste en imponer la narrativa de que el caso ERE fue una «gran mentira» mientras la Audiencia de Sevilla dicta sentencias condenatorias contra ex altos cargos de la Junta. Siguiendo la estela de María Jesús Montero, que niega el pasado corrupto del partido que ahora dirige, el portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar, ha resumido el fraude de los ERE en una simple «cacería política» contra los socialistas.

«El PP pretende seguir con su gran mentira de los ERE y del fraude de 680 millones de euros que nunca ha existido y que el (Tribunal) Constitucional primero, y el Supremo después, han venido a desmontar y a desmentir, dejando claro que todas las ayudas sociolaborales a trabajadores en los ERE fueron correctas», sentenció Aguilar, impúdico, este pasado lunes.

Conviene recalcar que el Tribunal Supremo corroboró el fallo de la Audiencia de Sevilla que apuntó a los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán por diseñar un sistema de ayudas para eludir controles y repartir ilegalmente 680 millones de euros entre 2000 y 2008. El Constitucional devolvió el caso a la Audiencia para que dictase una nueva sentencia. En este orden. Aguilar lo invierte y asume que el Supremo negó el caso ERE, pero lo ratificó.

El portavoz adjunto del PSOE-A reaccionaba así al último movimiento del PP, que ha llevado a la justicia europea la resolución del TC sobre el caso ERE porque «genera impunidad en la lucha contra la corrupción». Según Aguilar, los dirigentes que estaban al frente de la Junta de Andalucía eran todos «socialistas honorables».

No hay que irse muy lejos para encontrar ejemplos contrarios a esta postura. El pasado mes de enero, la Audiencia de Sevilla condenó a tres años y medio de prisión a Antonio Rivas –ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla– y a tres años de cárcel a Daniel Alberto Rivera –ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta– por desviar cerca de un millón de euros en ayudas a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica. Para Rivera, por cierto, las distintas solicitudes de pena de las 50 causas en las que está implicado suman ya alrededor de 300 años de prisión.

También en enero, el responsable de la empresa gaditana Gestión Hotelera Comar reconoció haber recibido una ayuda ilegal de 50.000 euros de los ERE y fue condenado a un año de prisión. En diciembre, el Supremo condenó a cinco acusados por una ayuda ilegal de 2,9 millones que la Consejería de Empleo dio a la empresa Acyco. Un par de meses antes, en octubre, el director general de otra empresa, Tartessos Car, fue condenado a dos años y medio de cárcel por otra ayuda irregular de 300.000 euros. También en octubre, el responsable de Plantaciones Agrícolas Plantasur fue condenado a dos años de cárcel por cobrar una ayuda ilegal de 225.000 euros para financiar el ERE de su empresa.

Éstos son sólo los fallos más recientes de algunas de las 139 piezas en las que se separó la macrocausa de los ERE, pero todavía hay más de 100 esperando su turno en los juzgados andaluces, y algunas ya están prescribiendo.

Paradójicamente, las palabras de Aguilar contrastan con la lucha del Gobierno contra la difusión de noticias falsas. El pasado mes de septiembre Pedro Sánchez cargaba en la ONU contra los «activistas de la mentira y los bulos», cajón en el que mete las imputaciones de su hermano y de su mujer. En diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley contra la difusión de informaciones «falsas o inexactas» en redes sociales. «Debemos ser conscientes del impacto de los bulos y las fake news en las democracias europeas y en el debate público», decía entonces el ministro de Justicia, Félix Bolaños, pero en el seno del PSOE no aplican sus máximas.