La fatídica sombra del caso ERE: un asesinato y 19 muertes entre los socialistas y empresarios implicados

Año 2009. Un intento de extorsión a dos empresarios sevillanos destapa la red de corrupción política tejida durante décadas por la Junta socialista de Andalucía. La juez Mercedes Alaya coge las riendas y el 19 de enero de 2011 inicia la instrucción del caso ERE, pero tira de un hilo que no tiene fin. Hoy la justicia se enfrenta a un mastodonte procesal dividido en casi 140 piezas: ayudas millonarias a empresas afines al PSOE-A, subvenciones dilapidadas en prostíbulos y cocaína y comisiones ilegales a sindicatos. Con el avance de las pesquisas, los 52 inculpados iniciales ascendieron a 507, pero en estos 13 años de juzgados el banquillo de los acusados ha ido menguando: 20 empresarios y socialistas implicados en la trama han muerto. Entre ellos, un asesinado. Éste es el obituario del caso ERE.

Francisco Javier Guerrero

Ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero fue el brazo ejecutor y principal imputado de la trama. Natural de El Pedroso (Sevilla), manejó a su antojo un fondo de 647 millones para repartir sin control, durante nueve años, ayudas a empresas y pólizas a falsos prejubilados, entre ellos personas afines al PSOE, sindicalistas, amigos y vecinos, como el churrero de su pueblo o el taquillero de la piscina municipal. Eran «criaturitas necesitadas de ayuda sociolaboral», dijo. La juez Alaya lo envió a prisión preventiva en 2012, pagó la fianza, pero volvió en 2013. Amagó con tirar de la manta y salpicar a otros altos cargos de la Junta, aunque no llegó a hacerlo. En 2019 fue condenado, junto a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a casi ochos años de cárcel. Murió meses después, el 11 de octubre de 2020, a los 63 años, víctima de una neumonía mientras esperaba la sentencia del Supremo.

Su chófer, Juan Francisco Trujillo, declaró que se fundieron en cocaína, lujo y fiestas «gran parte» de los 1,5 millones que le ‘cayeron’ a sus empresas, y que entre él y Guerrero esnifaban diez gramos al día. «Al terminar de trabajar invitaba al chófer a un refresco y yo me tomaba una coca… cola», bromeó en el juicio.

Ángel Ojeda Avilés

Ex consejero socialista de Hacienda, creó un conglomerado de asociaciones y empresas, algunas de ellas ficticias, para pedir ayudas, dar cursos de formación a parados y reciclar laboralmente a 1.904 trabajadores despedidos por la multinacional Delphi, a quienes Chaves había prometido no dejar tirados. Su entramado empresarial, el Grupo Prescal, recibió 52,6 millones entre 2008 y 2013. Fue arrestado e investigado durante siete años en varias causas, pero no llegó a ser juzgado. Ángel Ojeda Avilés murió el 11 de diciembre de 2021, poco antes de sentarse en el banquillo, por una insuficiencia pulmonar a los 72 años. Desde 2022 tiene una calle en su nombre en Dos Hermanas (Sevilla).

Andrés Carrasco Muñoz

Churrero de El Pedroso, ciudad natal de Guerrero y kilómetro cero del caso ERE. Andrés Carrasco Muñoz fue incluido como intruso en un ERE de Acyco por el que recibió más de 113.000 euros pese a no haber trabajado nunca en esta empresa. Falleció el 14 de diciembre de 2021, a los 73 años, un mes antes de conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla. Se enfrentaba a cuatro años de cárcel por presunta malversación.

José Enrique Rosendo Ríos

Hijo del ex alcalde de El Pedroso Rafael Rosendo (PSOE) y ex concejal socialista del mismo municipio, José Enrique Rosendo estaba imputado por malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Junto a José María Sayago lideró el tándem de la Sierra Norte de Sevilla que recibió de la Consejería de Empleo 34 millones en ayudas a varias empresas, muchas de ellas sin trabajadores ni actividad. Falleció el 9 de enero de 2016, a los 50 años, víctima de un infarto. Dos años antes, la juez Alaya le había impuesto una fianza de 26 millones.

Rafael Rosendo

El que fuera alcalde de El Pedroso en dos etapas (1987-1995 y 1999-2007) falleció en noviembre de 2018, dos años después que su hijo. Rafael Rosendo estuvo imputado por llevarse 110.000 euros gracias a su amistad con Guerrero, que también fue ex alcalde de El Pedroso. Figuraba como intruso en el ERE de la empresa Cydeplas, donde nunca trabajó. Esta semana arrancó en la Audiencia de Sevilla el juicio que le habría llevado al banquillo.

Francisco Mencía Morales

Entre otros muchos cargos, fue director general del Instituto de Fomento de Andalucía, hoy Agencia IDEA. Acusado de firmar 124 convenios ilegales por valor de 115,2 millones, la gran parte en ayudas de 1,2 millones, el tope para evitar la ratificación del Consejo de Gobierno. Francisco Mencía Morales falleció el 31 de diciembre de 2014, con el proceso judicial aún en fase de instrucción. Declaró ante la Guardia Civil que siempre tuvo la «sensación» de que en la Consejería de Empleo existía un «interés especial» en favorecer a la Sierra Norte de Sevilla. No iba desencaminado. El ex consejero José Antonio Viera concentró el 61% de las subvenciones directas a empresas para toda Andalucía en esta pequeña comarca de 30.000 habitantes.

José María Ruiz Mateos

El empresario jerezano fue investigado por presunto tráfico de influencias en los cinco ERE de las empresas de su grupo en Andalucía. La juez Alaya le acusó de pagar 500.000 euros al ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, principal conseguidor de los ERE, y le citó a declarar en marzo de 2014, pero José María Ruiz Mateos no se personó alegando problemas de salud. Murió en septiembre de 2015 a los 84 años. Antes, dos de sus hijos le culparon de introducir en el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) a dos presuntos intrusos procedentes de otras empresas del grupo.

Antonio Márquez García

Estuvo cobrando sin ir a trabajar durante año y medio de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental SA (Egmasa) y posteriormente fue incluido de forma indebida en una póliza de prejubilaciones para 373 trabajadores financiada por la Junta. En aquel entonces el presidente del consejo de administración de Egmasa era un tal Juan Espadas, hoy secretario general del PSOE andaluz. Antonio Márquez García cobró 120.000 euros en lugar de los 20.000 que le correspondían. Imputado en 2016, el juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla recibía en enero de 2020 la notificación de su fallecimiento.

José Montesinos Cabrera

Beneficiario de otra de las ayudas de la Consejería de Empleo a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, en este caso a Atarazanas de Constantina, una cooperativa dedicada al aserrado y cepillado de madera que recibió a dedo 600.000 euros. José Montesinos Cabrera fue imputado por la juez Alaya en febrero de 2015 y murió poco después, el 18 de agosto, a los 74 años, antes de poder declarar en el juzgado.

Manuel Martín Ojeda

Enlace sindical en una empresa de tecnología, fue imputado por las ayudas al despido de 27 trabajadores. Su cadáver fue encontrado el 9 de enero de 2016 en el interior de un congelador de una heladería de Sevilla. La dueña del negocio, María del Carmen Quero Bernal, le golpeó con una figura de Buda, lo estranguló con el cable de una alargadera y congeló el cuerpo. La mujer, que cumple 12 años de cárcel por homicidio, culpó al alcohol de lo ocurrido. Manuel Martín Ojeda recibió la citación a declarar después del crimen. Tenía 62 años.

Manuel Romero Álvarez

Presidente y consejero delegado de una empresa radicada en la ‘afortunada’ Sierra Norte de Sevilla, Manuel Romero Álvarez fue imputado por ayudas para un supuesto secadero industrial de jamones y embutidos en Alanís de la Sierra. Recibió 1.200.000 euros sin solicitud y sin documentación justificativa. Falleció en enero de 2016.

José Antonio García Prieto

Ex secretario de Política Municipal del PSOE de Camas (Sevilla), recibió pólizas de prejubilaciones de tres empresas que nunca pisó, entre ellas la firma textil Intersur SA, en Morón de la Frontera, y en cuyo ERE figuraban militantes socialistas «que no deberían estar ahí». Fue imputado por cobrar 399.802 euros junto a otros dos intrusos, pero José Antonio García Prieto falleció en julio de 2015, lo que obligó a archivar su causa.

Manuel Fuentevilla Valverde

Empresario de la Sierra Norte de Sevilla, fue imputado conjuntamente con Montesinos Cabrera por aprovechar su afinidad con Guerrero para recibir 600.000 euros en subvenciones a fin de crear una cooperativa y construir un aserradero de madera de castaño en Constantina (Sevilla). Manuel Fuentevilla Valverde falleció en 2009, antes de que terminase la instrucción, quedando extinguidas sus posibles responsabilidades penales.

Eduardo Báñez González

Padre de la entonces ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez (PP), fue imputado por las irregularidades en la venta de unos terrenos de la empresa Mercasevilla, origen del caso ERE. La juez Alaya citó a declarar en 2013 a seis empresarios por amañar un concurso público, entre ellos Eduardo Báñez González. Fue un error: había fallecido doce años antes. La magistrada cogió directamente los datos del Registro Mercantil, donde aún figuraba como consejero delegado de una constructora. Alaya imputaría después a dos de sus hijos.

Luis Gálvez Frijol

Algo similar ocurrió con Luis Gálvez Frijol, un intruso en el ERE de Springer Arteferro, empresa destinada a la fabricación de mobiliario y objetos de decoración que recibió una ayuda de 3,4 millones. Fue llamado a declarar hasta en tres ocasiones, tanto por la juez Alaya como por su sucesora al frente del caso, la magistrada María Núñez Bolaño, pero no fue hasta la tercera citación cuando el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla se percató de que había fallecido en abril de 2009.

Eustaquio Reina Fernández

Uno de los 35 empresarios de la Sierra Norte de Sevilla beneficiario de las ayudas de la Junta. Su empresa homónima, dedicada a la construcción de obras públicas y mantenimiento de autovías, carreteras y ferrocarriles, recibió 300.000 euros de los 34 millones que el gobierno socialista repartió en la comarca. La juez Alaya también imputó a su hijo, consejero en la empresa. Eustaquio Reina Fernández falleció el 5 de enero de 2014, antes de poder declarar.

Mariano Martínez Fernández

Trabajador de la empresa cárnica jiennense Hijos de Andrés Molina (Hamsa), que recibió 19,9 millones en ayudas, y conocido de Juan Lanzas, el sindicalista conseguidor de los ERE. Mariano Martínez Fernández fue incluido como intruso en el ERE del Matadero de Fuente Obejuna, por el que percibió 120.000 euros. Esta pieza separada de la macrocausa permanece a la cola en los juzgados de Sevilla. La Fiscalía pide 46 años de cárcel para 12 acusados de desviar 2,5 millones.

Domingo Martínez Castillo

Ex alcalde socialista de San Nicolás del Puerto (Sevilla), se coló por orden de Guerrero en el listado de prejubilaciones de la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco) de Dos Hermanas. Nunca había trabajó en la empresa, pero cobró casi 110.000 euros. Domingo Martínez Castillo falleció en 2010, antes incluso de arrancar la instrucción del caso ERE.

Antonio Arquero García

Amigo de Guerrero, minero retirado y taquillero de la piscina municipal de El Pedroso. Fue incluido en el ERE de Saldauto Sevilla, donde jamás estuvo en plantilla. La Junta destinó a esta empresa 1,6 millones para financiar sus prejubilaciones, pero el listado incluía tres intrusos, entre ellos Antonio Arquero García. La juez Alaya lo citó a declarar en octubre de 2011 y afirmó que con las pólizas recibidas, que sumaban 450.000 euros, se compró un piso en Sevilla y arregló su casa de El Pedroso. Falleció el 25 de agosto de 2012, a los 64 años.

César Braña Pino

Ex gobernador civil por el PSOE de Burgos y Cádiz y ex presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE). Señalado por recibir 96.000 euros como intruso en el ERE de Hitemasa. Tras apenas siete años de existencia, esta fábrica textil echó el cierre y la Junta acordó repartir 13 millones de euros entre sus 184 trabajadores. Señalado también por su etapa como consejero delegado de Hamsa, la empresa cárnica jiennense beneficiaria de 19,9 millones a cargo de la Junta. César Braña Pino murió el 25 de septiembre de 2002, a los 57 años, por un infarto de miocardio.