Una pieza caducada abre la puerta a que el PSOE andaluz se libre de otra trama corrupta de 36 millones

El Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla ha archivado la pieza por los avales y préstamos millonarios concedidos arbitrariamente por la Junta socialista de Andalucía a la mercantil A-Novo Comlink España S.L. debido a la prórroga extemporánea de los plazos judiciales, lo que abre la puerta a que caduque la macrocausa en su totalidad, que investiga los 36 millones de euros en ayudas que el Gobierno autonómico dio a la citada empresa malagueña, dedicada a equipos electrónicos y de telecomunicación. El juez ya apuntó que la inyección de fondos se llevó a cabo «sin análisis económico» previo y sin «control administrativo ni fiscalización» alguna.

La defensa de los acusados en la pieza, una de las 19 en las que el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana dividió esta macrocausa, vaticina que las 18 restantes también serán sobreseídas: «Todas y cada una de las piezas serán archivadas, ésta será la primera de muchas».

Recordemos que el pasado 18 de octubre, la Audiencia de Sevilla declaraba que la macrocausa de los «avales reglados» de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a diferentes empresas ‘amigas’ caducó hace ya seis años, en junio de 2017 -en virtud de los plazos de instrucción fijados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, y el auto emitido por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla el 30 de junio de ese año para prorrogar la causa otros 18 meses fue dictado cuando «la instrucción había superado el plazo máximo previsto».

La Sección Primera de la Audiencia precisaba que «la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y los pronunciamientos de las Audiencias Provinciales sobre los efectos que cabe predicar del transcurso de los plazos máximos de investigación fijados por el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (…) avala un cambio de criterio que habrá de tener un alcance general, no sólo en lo que respecta a los múltiples recursos planteados en esta causa, sino en otros rollos de apelación que puedan verse afectados por este giro».

Cabe recalcar que durante su etapa como ex presidente andaluz, el socialista Manuel Chaves se reunió con representantes de A Novo Comlink para mediar en el ERE a la empresa y poco después la mercantil comenzó a recibir ayudas irregulares cifradas en 35.952.537,26 euros. Chaves ya fue condenado por prevaricación en el caso ERE, al igual que su sucesor al frente de la Junta, José Antonio Griñán.

«Arbitrario voluntarismo» en las ayudas

En esta pieza separada de la macrocausa de los avales de la agencia IDEA, el juez Vilaplana determina, en un nuevo auto emitido este jueves, que «en la concesión de los avales y ayudas» por valor de varios millones de euros a la sociedad A-Novo Comlink «mediaron razones no de legalidad, sino de arbitrario voluntarismo, careciendo dicho otorgamiento de razones técnicas que permitieran, desde una perspectiva jurídica y financiera, justificar la concesión de estas ayudas».

El juez subraya que la inyección continuada de fondos públicos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en favor de la mercantil fue «ilícita», «conculcando la legalidad vigente» y «sin realizar valoración alguna sobre las garantías prestadas por la empresa beneficiaria», además de las «evidencias» que reflejaban la «imposibilidad» de recuperar tales fondos.

Vilplana aprecia presuntos delitos de prevaricación y malversación por parte de Jacinto Cañete como director general de IDEA, Antonio Valverde Ramos como también director de la entidad en otro periodo, Bienvenido Martínez como director de Inversiones Estratégicas, Francisco Álvaro Julio como su sucesor en tal puesto, Isabel de Haro Aramberri como miembro del Consejo Rector de la Agencia y de la Comisión de Valoración en 2009 o Antonio Diz Lois como secretario general de la agencia IDEA y vocal de la Comisión de Valoración en 2009, entre otros investigados.

No obstante, el juez recuerda la ya citada doctrina de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, según la cual las prórrogas de los plazos de investigación «resultan inviables en el caso de que se hubiese acordado la inicial ampliación o prórroga del plazo de instrucción de forma extemporánea, viniendo a declarar la invalidez de las actuaciones posteriores».

Otros carpetazos y efecto dominó

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla explica respecto a esta causa que el plazo de investigación se amplió de forma extemporánea en junio de 2017 por la complejidad de la misma, en el marco de la causa matriz, y en consecuencia, «nada de lo acordado después tiene validez». «Transcurrido el plazo de investigación sin haberse prorrogado o ampliado el plazo legal antes de su expiración, no resultaba posible acordar la práctica de diligencia de instrucción alguna, incluyendo la deducción de testimonio y apertura de la presente causa, así como la llamada al proceso y la práctica de la correspondiente declaración de los investigados», remata Vilaplana, decretando el archivo provisional de las actuaciones.

Juan Carlos Alférez y Manuel Pérez Cuajares, abogados defensores de varios de los investigados, ya ganaron la tesis de la caducidad en los casos de Isofotón o Santanta Motor. Con este nuevo sobreseimiento, vaticinan un efecto dominó: «Tras la declaración de caducidad formulada por la Audiencia, la resolución de archivo de la pieza Avales A-novo es, desde una perspectiva formal, impecable, y anticipa claramente que todas y cada una de las piezas de los avales reglados serán archivadas por los mismos fundamentos y, por tanto, ésta será la primera de muchas». «Asimismo, creemos firmemente que las piezas de los avales propios se encuentran igualmente caducadas y pronto, a través de los pertinentes remedios procesales, tendremos ocasión de explicar detallada y pormenorizadamente a la Audiencia Provincial las claras razones que conducirían a una declaración total de caducidad, tanto de avales reglados como de los avales propios», apuntan, optimistas, los letrados.

Cabe recordar que más de 60 socialistas andaluces se han librado ya de condenas de malversación por valor de casi 200 millones de euros por la prescripción de diferentes casos, como los 100,66 millones en ayudas a la extinta empresa automovilística de Linares (Jaén) Santana Motor (dos ex consejeros de Chaves se fueron ‘de rositas’) o los 44 millones desviados a Isofotón, una fotovoltaica malagueña prácticamente quebrada (se libraron 40 investigados, 37 de ellos ex altos cargos y ex directivos de la Junta socialista de Andalucía).