Dos ex consejeros de Chaves se van ‘de rositas’ por desviar 100 millones en ayudas al prescribir el delito

La demora de los procesos judiciales vuelve a librar a dos ex consejeros de la Junta socialista de Andalucía, José Antonio Viera y Antonio Fernández, de sentarse en el banquillo de los acusados por corrupción. En este caso, por las ayudas de los ERE por valor de 100,66 millones de euros concedidas entre 2001 y 2010, con Manuel Chaves al frente del Gobierno andaluz, a la extinta empresa automovilística de Linares (Jaén) Santana Motor.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas relativas a las citadas ayudas autonómicas, otorgadas mediante una «administración desleal de fondos públicos». Además de declarar prescritos los hechos respecto a Viera y Fernández al haber transcurrido más de 15 años desde la propia comisión del delito (año 2003) hasta la apertura del procedimiento (2019), el juez excluye de las actuaciones al ex consejero Francisco Vallejo y al ex viceconsejero Agustín Barberá.

Así figura en este auto de 63 páginas difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que el juez acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, como presuntos responsables penales, contra un total de cinco personas: el que fuera consejero delegado de Santana Motor, el director de Recursos Humanos de la empresa, el apoderado de la Sociedad para el Desarrollo de Componentes S.L. y de la Sociedad Útiles del Sur S.L., un abogado y el responsable de una mediadora.

Asimismo, el instructor continúa el procedimiento contra cinco directivos de la mercantil en calidad de partícipes a título lucrativo porque, «a consecuencia de las ayudas ilícitas objeto de la presente causa, tales directivos de Santana Motor se habrían visto clara y directamente beneficiados al obtener -injustamente- una remuneración o gratificación extraordinaria que habría sido objeto de una administración desleal de fondos públicos determinante de la ilicitud de la causa negocial de las pólizas de seguro por ellos suscritas e ilícitamente financiadas».

Así, el juez archiva la causa contra cuatro ex altos cargos de la Junta socialista que tenían la condición de investigados en este procedimiento, en concreto los ex consejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, y el ex viceconsejero Agustín Barberá.

Penas previas de cárcel

Los citados ex altos cargos del Gobierno andaluz fueron todos condenados a diferentes penas de prisión por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos de la Junta, ingresando todos ellos en la cárcel, si bien el ex consejero José Antonio Viera goza ya del tercer grado penitenciario por motivos sanitarios a cuenta de la enfermedad que padece.

En concreto, el juez archiva la causa contra Agustín Barberá y Francisco Vallejo al aplicar en ambos casos el principio non bis in idem (que impide un doble enjuiciamiento en relación a unos mismos hechos delictivos, y el juez considera que los hechos que se les atribuían en esta pieza separada ya fueron enjuiciados en la pieza del procedimiento específico), mientras que respecto a José Antonio Viera y Antonio Fernández archiva la causa por prescripción de los delitos y no por aplicación del principio non bis in idem, pues considera que se les atribuyen hechos distintos a los enjuiciados en el procedimiento específico.

En este punto, el magistrado explica de entrada que esa condición de investigados «se habría fundamentado en que parte de los pagos de las ayudas objeto de autos no estarían incluidos dentro del periodo de imputación en la causa del procedimiento específico con cargo a la partida presupuestaria 31-L, por lo que parte de la mecánica delictiva investigada no habría de estar incluida en el enjuiciamiento a que aquéllos fueron sometidos».

El origen de los fondos

Así, según indica el juez en su auto, «existían indicios de que la Consejería de Empleo habría satisfecho parte de las ayudas concedidas en favor de Santana Motor con cargo a los fondos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa por importe de 524.159,16 euros» pero, sin embargo, «no ha quedado suficientemente acreditado -con la solvencia necesaria- que los fondos empleados para este pago parcial de las ayudas sociolaborales en favor del Grupo Santana Motor hubieran sido transferidos a la agencia IDEA procedentes de un programa presupuestario de la Consejería de Innovación, pudiendo tratarse de remanentes -de fondos de la 31-L- del ejercicio presupuestario anterior derivados del cambio de adscripción de la agencia IDEA, que pasó en 2004 de depender de la Consejería de Empleo a depender de la referida Consejería de Innovación».

En este sentido, el magistrado asevera que la continuación de las actuaciones contra estos cuatro ex altos cargos de la Junta, con fundamento en esta disposición de fondos públicos, «supondría una lesión del principio non bis in idem, pues estos pagos por importe de 524.159,16 euros habrían sido verificados dentro del periodo de imputación del procedimiento específico con cargo a la partida presupuestaria 31-L», aunque entiende que ello únicamente sería aplicable en los casos de Agustín Barberá y Francisco Vallejo, contra los que, por este motivo, archiva la causa.

Y es que, no obstante lo anterior, el instructor entiende que «sí existen indicios solventes de que -para el mismo fin- habrían sido utilizados fondos contenidos en la partida presupuestaria 54-B destinada a ‘Desarrollo tecnológico’ (ejercicio presupuestario de 2003) de la Consejería de Empleo, y no de la 31-L», una disposición de fondos «realizada por la Consejería de Empleo con el concurso de sus responsables», aludiendo en este sentido a los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández.

En este caso, «la prosecución de las actuaciones en relación a la ilícita disposición de estos fondos frente» a Viera y Fernández «no supondría una lesión del principio non bis in idem, pues los pagos (por importe de 1.478.410 euros) de ayudas sociolaborales con cargo a la partida presupuestaria 54-B de la Consejería de Empleo no formaban parte de la ideación y ejecución del denominado procedimiento específico articulado por los responsables de la Junta como vía útil y fraudulenta para satisfacer el pago de subvenciones excepcionales soslayando controles y fiscalización».

Hechos prescritos

Así, el juez declara prescrita la responsabilidad penal y archiva la causa contra ambos ex consejeros de la Junta de Andalucía al haber transcurrido más de 15 años desde la propia comisión de los hechos delictivos (año 2003) hasta que se acuerda dirigir el procedimiento contra los presuntos responsables, en el auto de 2 de septiembre de 2019.

De este modo, el auto de continuación de las diligencias como procedimiento abreviado afecta a Ricardo L.B., consejero delegado de Santana Motor; Jacinto G.G., director de Recursos Humanos; Antonio R.G., apoderado de la Sociedad para el Desarrollo de Componentes y la empresa Útiles del Sur; al abogado Carlos L.B.; y al que fuera consultor de Uniter José G.M., por posibles delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

El auto también se dirige contra Keith J.M., Esperanza M.M., Joaquín L.H.G., Nicolás B.A. y José Antonio N.Y. en calidad de partícipes a título lucrativo y contra las entidades Ingotor Seguros y Uniter como responsables civiles subsidiarios.