Procesado en otra pieza de los ERE el ex alto cargo de la Junta para el que piden 300 años de cárcel

Con el Tribunal Constitucional a punto de deliberar los recursos de amparo interpuestos por doce de los condenados del caso ERE y con Carmen Martínez Aguayo, mano derecha del ex presidente andaluz José Antonio Griñán, estrenando el tercer grado penitenciario, las 140 piezas en las que se dividió la macrocausa siguen coleando en los tribunales. Daniel Alberto Rivera, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, está involucrado en 50 de ellas, y las solicitudes de pena suman ya alrededor de 300 años de cárcel.

Ahora, el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla ha dictado un nuevo auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra Rivera y Antonio Albarracín, ex directivo de la mediadora Vitalia, por las ayudas de más de un millón de euros concedidas a la empresa cordobesa Graficromo y a la sociedad Taller de Libros. El juez instructor, José Ignacio Vilaplana, atisba presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Además, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de la causa con respecto a otros tres investigados: el ex delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba Antonio Pérez Ramírez y los ex consultores de Vitalia Jesús Bordallo y Francisco José G. G., ya que «no se encuentran indicios sólidos» para atribuirles una participación penal en los hechos.

A pesar de que Pérez Ramírez habría puesto en contacto a los trabajadores de Graficromo con Rivera «a fin de hacerle partícipe de las problemáticas relaciones laborales concurrentes y conseguir ayudas», y de que «cabría entender indiciariamente acreditado» que el investigado «sería conocedor de que la póliza de seguro de renta colectiva» que fundamentaban el otorgamiento de las ayudas «podía o iba a ser financiada con dinero público», no existen «indicios sólidos» de que dicho investigado haya tenido «una intervención con suficiente relevancia causal» en esta decisión administrativa, apunta Vilaplana.

Ayudas «injustas y arbitrarias»

Una vez más, el juez señala que no es posible continuar la causa contra el ex consejero de Empleo Antonio Fernández ni contra el ex viceconsejero del ramo Agustín Barberá ni contra los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Francisco Javier Guerrero (ya fallecido), al haber sido todos ellos juzgados y condenados por prevaricación y malversación en el caso ERE.

En este caso, según argumenta Vilaplana en el auto, «concurren sólidos indicios» para determinar que durante su mandato como director general de Trabajo «se concedieron y realizaron, de manera injusta y arbitraria, diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícitas». También recalca «la constatación de evidentes indicios de criminalidad en su actuación por el hecho de haber realizado pagos de las ayudas a sabiendas de la evidente ilicitud del procedimiento seguido para su concesión», como ya ha destacado la Audiencia Provincial en diversas resoluciones.

El juez asevera que los pagos de las citadas ayudas ilegales habrían sido ordenados por Rivera «con la conformidad de los responsables de la agencia IDEA -Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía-, siendo conocedores de la ilicitud del procedimiento de concesión de la ayuda y de la falta de justificación de su carácter excepcional, sin la debida observancia de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello».

«De este modo, con conocimiento del irregular mecanismo de las transferencias de financiación, de la falta de fiscalización y control administrativo, y de la absoluta falta de procedimiento para la concesión de las ayudas, se dictaron tales oficios y resoluciones, aplicando los pagos con cargo a la partida presupuestaria 31L -apostilla el instructor-», de la que se nutría la trama del caso ERE.

Magdalena Álvarez

La pasada semana, recordemos, Pedro Sánchez pidió una ovación para Magdalena Álvarez, condenada por el caso ERE, durante su mitin en Benalmádena (Málaga) previo a las elecciones europeas, al que acudió junto a su esposa, Begoña Gómez. «No somos ingenuos, no soy yo el primer presidente que ha sufrido. Aquí tenemos a Magdalena, que ha sufrido el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años», proclamó.

Después de conocerse que el Tribunal Constitucional estudiará a partir del 18 de junio el borrador de una ponencia que plantea anular la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a la ex ministra socialista y ex consejera andaluza de Economía, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Ricardo López Olea, ha pedido al PSOE que deje de meter «sus sucias manos» en la Justicia para «anular» las condenas de los ERE.

«Tratan de someter a la Justicia española todos los días. O bien meten sus sucias manos en los tribunales o bien se dedican a perseguir a los jueces díscolos. Estamos ante un Tribunal Constitucional completamente politizado», ha criticado este miércoles en rueda de prensa.