Los ERE siguen coleando: un empresario de Cádiz evita la cárcel al admitir un cobro ilegal de 225.000 €

La inabarcable corrupción de los ERE sigue arrastrando sentencias condenatorias en los tribunales andaluces. La Audiencia de Sevilla ha condenado a un empresario de Jerez de la Frontera (Cádiz) a dos años de prisión por cobrar una ayuda sociolaboral de 225.000 euros de manera «arbitraria y fraudulenta». Con ésta son ya 20 las sentencias que ha dictado la Audiencia de Sevilla con relación a piezas separadas del caso ERE.

La Sección Primera ha resuelto el juicio mediante un acuerdo de conformidad entre las partes: la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones (Junta de Andalucía y el PP andaluz), la defensa del acusado y el propio investigado, Salvador M. B., responsable de la empresa Plantaciones Agrícolas Plantasur. El procesado ha reconocido los hechos y ha acepado su condena como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación de caudales públicos, con la atenuante, una vez más, de dilaciones indebidas.

La pena es de dos años de cárcel, cuatro años de inhabilitación absoluta y el abono de 225.000 euros en concepto de responsabilidad civil por la ayuda ilegal recibida por parte de la Junta de Andalucía. El tribunal ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena de prisión siempre que no vuelva a delinquir en esos dos años. La sentencia es firme.

Pidió una ayuda por falta de «liquidez»

Según el escrito de acusación del PP-A, Salvador M. B. era responsable de la empresa Plantaciones Agrícolas Plantasur, con sede en Jerez de la Frontera y dedicada a la actividad agrícola, forestal, ganadera, pesquera, industrial, de construcción, de transporte, de intermediación, de profesionales y de «servicios en general».

El escrito, recogido por Europa Press, detalla que el 23 de diciembre de 2009 este empresario solicitó a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía «una ayuda excepcional» de 450.000 euros para «solventar problemas de liquidez», dada la «falta de crédito por parte de las entidades financieras y la falta de liquidez a corto plazo de los clientes».

Mes y medio después, el 8 de febrero de 2010, el director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Juan Márquez, «prescindiendo de todo procedimiento legal», le concedió «una ayuda sociolaboral excepcional de 300.000 euros» con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, la usada para la financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas.

«A pesar de no reunir los requisitos legales para ello», el empresario recibió «el 75% de la ayuda», es decir, 225.000 euros, de manera «arbitraria y fraudulenta» y con el «visto bueno» del entonces viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, «siguiendo las indicaciones» del consejero de Empleo Antonio Fernández.

Juan Márquez, Agustín Barberá y Antonio Fernández, recordemos, fueron ya condenados a prisión por la Audiencia de Sevilla por su papel en el mecanismo específico de financiación de los ERE, sentencia que el Tribunal Constitucional anuló en julio con respecto a los ex presidentes andaluces José Antonio Griñán, Manuel Chaves o el propio Antonio Fernández, entre otros, ordenando a la Sección Primera que emita una nueva sentencia.