Piden tres años de cárcel a la ex alcaldesa socialista de Algámitas (Sevilla), condenada ya en 2013

La Audiencia de Sevilla tiene fijado para este lunes el comienzo del juicio contra la ex alcaldesa socialista de Algámitas, Virtudes Cabello, por un presunto delito continuado de falsedad en documento en concurso con un delito de prevaricación urbanística, a cuenta de la construcción de un recinto hotelero en terrenos calificados como no urbanizables e invadiendo la zona de servidumbre no edificable de una carretera. También será juzgado su secretario interventor en el Ayuntamiento, Antonio M.M.

El juicio contra todos ellos estaba fijado para el pasado mes de enero en la Sección Primera de la Audiencia, pero entonces fue suspendido. El año pasado la Diputación ya emprendió la demolición subsidiaria del recinto ilegal .

Cabe recordar que la ex alcaldesa de Algámitas ya fue condenada en 2013, sentencia ratificada un año después, a siete años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio al autorizar la construcción de cuatro viviendas en suelo no urbanizable en la zona conocida como Las Hazuelas, pese al criterio en contra de los técnicos municipales.

A sabiendas de la «ilegalidad»

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, entre 2007 y 2008, la empresa Promocañete S.L. -representada por la acusada Estefanía M.C. y con José Antonio M.M., secretario interventor del Ayuntamiento de Algámitas, como administrador único- promovió la construcción de un recinto hotelero propiedad de la entidad en el punto kilométrico 1,5 de la carretera provincial SE-9225, que conecta Algámitas y Pruna, en la Sierra Sur de Sevilla.

Las obras fueron acometidas, según la Fiscalía, en terrenos calificados como no urbanizables por el planeamiento vigente entonces, pesando un informe de la Consejería de Ordenación del Territorio emitido en octubre de 2008 con el aviso «expreso» de que la construcción «se ha ejecutado incumpliendo las determinaciones del régimen del suelo no urbanizable»; así como a menos de nueve metros con relación a la carretera SE-9225, invadiendo así la «zona de servidumbre pública de no edificación» y sin «autorización previa» de la Diputación como titular de dicha vía.

Según la Fiscalía, José Antonio M.M., en su papel de secretario interventor del Ayuntamiento de Algámitas, «informó favorablemente al proyecto de actuación a sabiendas de que carecía de la preceptiva licencia de obras» por los aspectos ya indicados, mientras el también acusado Alfonso M.A., como redactor del proyecto de obra, realizó el mismo «conociendo la ilegalidad», «certificando el 24 de diciembre de 2008 que se habían ejecutado las obras sin que se hubiera concedido la licencia definitiva» y pese a concurrir todas las incidencias ya descritas.

La entonces alcaldesa de Algámitas, según el Ministerio Público, concedió una licencia de obras «a pesar de conocer que la obra se estaba realizando en la zona de no edificación por la zona de servidumbre» de la carretera y en suelo no urbanizable, además de que la actuación carecía igualmente de calificación medioambiental.

Falsedad documental

La Fiscalía prosigue narrando que el secretario interventor del Ayuntamiento y administrador único de la empresa promotora del recinto hotelero, ante los requerimientos de documentación de la Guardia Civil, «confeccionó documentos para justificar las notificaciones a los titulares de las fincas colindantes», fechando las mismas «antes» de la inspección del Instituto Armado cuando «realmente habían tenido lugar después».

Además, este acusado y la entonces alcaldesa, siempre según la Fiscalía, confeccionaron y firmaron otros documentos presuntamente falsos, como un «decreto de calificación ambiental y licencia urbanística» numerado como 471, expediente que realmente «correspondía a un proyecto de educación ambiental que no tenía nada que ver» con estas obras o una petición de licencia de obras que en verdad correspondía a una entidad de cuidado de personas mayores.

Dado el caso, la Fiscalía pide para Estefanía M.C. y Alfonso M.A. un año de cárcel y una multa por un delito continuado de falsedad en concurso con un delito contra la ordenación del territorio, mientras que para el secretario interventor del Ayuntamiento y la alcaldesa reclama tres años de prisión, nueve años de inhabilitación y sendas multas por un presunto delito continuado de falsedad en documento en concurso con un delito de prevaricación urbanística.