La Justicia europea sanciona a España por los ‘chanchullos’ socialistas en Andalucía

ERE
El ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán durante su declaración en el juicio de los ERE. (Foto: EFE)
Borja Jiménez

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado este jueves una decisión de la Comisión Europea por la que reclama a España recuperar una parte de ayudas agrarias al sector en Andalucía durante el periodo 2009 y 2010 tras detectar irregularidades. Según las autoridades europeas, el Gobierno de Zapatero hizo la ‘vista gorda’ ante diversas irregularidades que hicieron diversas organizaciones agrícolas andaluzas con Griñán al frente del Ejecutivo andaluz.

En 2011, Bruselas constató diversas «irregularidades sistémicas» en la regulación y control de las subvenciones a distintas organizaciones de productores agrícolas de Andalucía durante los años 2010 y 2009, por lo que la Unión Europea reclamaba que España devolviera un 10% de tales ayudas.

Según explican los tribunales, se detectó que el Gobierno de José Luis Rodríguez no sancionó a estas organizaciones cuando les fue retirado el reconocimiento de ‘organización de productores’ a dos de las asociaciones andaluzas que recibieron fondos europeos.

Concretamente, las irregularidades se detectaron en dos organizaciones, pero desde Bruselas indicaron que ese tipo de deficiencias se podrían estar produciendo con muchas más asociaciones de «forma sistémica», por lo que estimó que hasta 140 organizaciones de productores se podrían estar beneficiando ilegalmente de tales ayudas.

España recurrió con éxito la decisión ante el Tribunal General, que se pronunció en contra del método del Ejecutivo comunitario al estimar que no podía inferir la existencia de deficiencias en el sistema de control de las autoridades españolas a partir de las conclusiones del examen a una muestra de cuatro organizaciones. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la UE ha terminado fallando en contra de la sentencia en primera instancia, con lo que ha confirmado la decisión de Bruselas.

Las autoridades, de este modo, concluyen que la muestra de cuatro expedientes constituía «un elemento de prueba de la duda seria y razonable» sobre de los controles de las administraciones españolas.

El tribunal con sede en Luxemburgo argumenta que una vez que la Comisión aporta pruebas de duda seria, no está obligada a efectuar controles ni verificaciones adicionales. En todo caso, añade, sería a España a quien le correspondería probar que las deficiencias eran puntuales y no presentaban carácter sistémico.

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