A juicio el alcalde de Bormujos (PSOE) por contratar a un mago para supervisar protocolo Covid en colegios

El alcalde socialista de Bormujos (Sevilla), Francisco Molina, está citado este martes en el Juzgado de Instrucción nº 9 de la capital hispalense por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos tras contratar por 18.000 euros a la empresa Evartisto SLL para el asesoramiento y seguimiento del protocolo Covid-19 en los centros educativos de la localidad.

El regidor prestará declaración como investigado tras la denuncia presentada por el PP de Bormujos, que le acusa de contratar para tal fin a una empresa de eventos y espectáculos,  más concretamente, a «un mago» que ya trabajó para el ayuntamiento local organizando las cabalgatas de los Reyes Magos o del Orgullo.

La propia web de la empresa no refleja entre sus ocupaciones ninguna actividad referente al asesoramiento sanitario o educativo y está catalogada como un servicio relacionado con la organización, dirección, producción y administración de eventos de todo tipo, exposiciones, congresos, seminarios, ferias y festivales.

La agrupación socialista de Bormujos argumenta que Evartisto SLL lleva «varios años» trabajando en el ámbito educativo de Bormujos «con monitores de apoyo escolar, pedagogía, talleres de educación, ludotecas, cuentacuentos, coaching y formación o igualdad».

Así, en la providencia emitida el pasado 26 de enero por el juez de instrucción Juan Jesús García Vélez y recogida por Europa Press, el magistrado pide librar oficio a la Secretaría del Ayuntamiento de Bormujos para que «certifique los pagos efectuados» a la sociedad limitada Evartisto, «en virtud de contrato menor de servicios adjudicado» el 19 de octubre de 2020.

Competencia «exclusiva» de la Junta

Hablamos, en concreto, de una resolución de Alcaldía firmada el 19 de octubre de 2020 adjudicando el asesoramiento y seguimiento del protocolo preventivo frente al Covid-19 en los centros educativos a Evartisto SLL por 17.968,5 euros, una resolución rubricada además por la habilitada nacional que ejerce como secretaria general del Ayuntamiento de Bormujos, según dicho documento recogido por Europa Press.

Al respecto, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bormujos, Dolores Romero, aseguraban al formalizar esta denuncia que el seguimiento de los protocolos Covid-19 en los centros educativos es «una competencia única y exclusiva» de la Junta de Andalucía, criticando además que el contrato fuese adjudicado a «una empresa de eventos y espectáculos», más en concreto «a un mago», según las populares, avisando de que el objeto social de la entidad adjudicataria no abarcaría las labores de «asesoramiento» encomendadas.

El Consistorio, por su parte, defiende que el contrato investigado está «perfectamente justificado» y ha defendido la «inocencia» del primer edil.

En paralelo, recordemos que el Juzgado de lo Penal nº 8 tiene fijado para el 30 de noviembre de este año el juicio previsto contra el alcalde de Bormujos y la concejal de Obras Públicas, la también socialista Carmen Garfia, por un presunto delito de prevaricación derivado de la autorización de unas obras en una nave municipal pese a contar con informes desfavorables de la Intervención municipal y el arquitecto del propio Ayuntamiento.