CCOO exige que las mujeres cobren 4.654 € más y critica que el empleo industrial «lo acaparan hombres»

CCOO de Andalucía ha vuelto a recurrir a sus exigencias habituales en materia de brecha salarial, esta vez en Cádiz, donde ha reclamado que las mujeres cobren exactamente 4.654 euros más al año para igualarse a los hombres. Una cifra que el sindicato lanza como exigencia política sin tener en cuenta ni la productividad, ni las categorías laborales, ni siquiera los sectores en los que trabajan unos y otras.

El propio informe sindical presentado por la organización reconoce que los puestos los hombres acaparan el empleo en la industria y en el puerto de Algeciras, sectores mejor remunerados. Es decir, que CCOO admite abiertamente que la diferencia salarial no se basa en que se pague menos por el mismo trabajo, sino en que hay más hombres en sectores donde el esfuerzo físico, la peligrosidad o la especialización técnica elevan el salario.

Aun así, CCOO no duda en tildar esta realidad de «discriminación estructural» y en pedir más subvenciones, más intervención de la Junta de Andalucía y, por supuesto, una subida salarial exclusivamente por razón de sexo. En lugar de incentivar que más mujeres accedan libremente a los sectores industriales y tecnológicos donde se cobra más, el sindicato prefiere repartir dinero por decreto para cumplir con sus cuotas ideológicas.

La secretaria de la Mujer de CCOO de Andalucía, Yolanda Carrasco, ha ido más allá, asegurando que «la parcialidad no es una elección, sino una imposición», obviando el hecho de que muchas mujeres optan voluntariamente por trabajos con más flexibilidad para compaginar responsabilidades familiares. En su discurso no hay lugar para la libertad individual, sólo para una lectura colectivista y victimista del mercado laboral.

Para completar el absurdo, la secretaria general del sindicato en Cádiz, Inmaculada Ortega, se ha quejado de que la industria la «acaparan los hombres». Pero no propone que las mujeres accedan a esos sectores por mérito o formación, sino que se reestructure toda la política industrial para imponer una presencia femenina. Es decir, no se trata de formar más ingenieras o soldadoras, sino de forzar por ley un reparto artificial de los empleos.

Todo ello en una provincia como Cádiz, donde el empleo público -ocupado mayoritariamente por mujeres- presenta una brecha salarial del 12,3%. Aun así, el sindicato no reconoce ese dato como señal de equidad, sino como otra razón para seguir repartiendo culpas, exigiendo dinero y atacando al sistema productivo.